La preocupación por el decreto de estado de excepción era evidente esta mañana entre los judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En los corredores de los ocho pisos del viejo edificio de la Corte de Justicia, en el centro de Guayaquil, los jueces comentaban sobre las implicaciones del decreto.
En el quinto piso, en la oficina de la Presidencia, varios magistrados dialogaban sobre el tema con la titular del organismo provincial, María Leonor Jiménez.
Para Jiménez, el estado de excepción no es constitucional “porque no se ajusta a la Constitución, que prevé que su aplicación solo debe ser en casos de calamidad pública, desastres o conmoción nacional”. ¿”Ha existido en la Función Judicial levantamiento, rebelión, sedición…?” se preguntó la funcionaria.
Según Jiménez, bastaba con que se decrete el estado de emergencia, como se hizo en el sector de la Salud, “si lo que se busca es entregar recursos”.
Los jueces no sabían qué implicará la disposición de movilizar personal y recursos, tal como establece el decreto. “Todavía no sabemos detalles de esa movilización”, mencionó Lenin Pilaló, presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas.
La Presidenta de la Corte del Guayas anunció para mañana una reunión con los judiciales para conocer los alcances del decreto.