Las autoridades colombianas se refirieron a las fumigaciones en el marco de un encuentro internacional de palmicutores en Cartagena. Foto: Bolívar Velasco / EL COMERCIO.
El plan anunciado por Colombia para sustituir los cultivos ilegales en todo ese territorio contempla una consideración para Ecuador. Esto con respecto a las fumigaciones con glifosato en la frontera de ambos países. El ministro de Agricultura colombiano, Aurelio Iragorri, señaló a EL COMERCIO que las fumigaciones se suspenderán a partir del 1 de octubre del 2015, tal y como lo dispuso el último lunes el presidente Juan Manuel Santos.
“Hemos respetado los 20 km del área fronteriza delegadas por el Presidente para la lucha contra el narcotráfico”, aseguró. En el 2006 esas aspersiones generaron una polémica diplomática entre los dos gobiernos, pues en Ecuador se reportaron personas con enfermedades de la piel y con problemas respiratorios.
En principio el proyecto de sustitución colombiano tiene como fin intervenir 30 894 hectáreas sembradas con coca que están concentradas en los departamentos de Putumayo y Nariño. En estas zonas se encuentra el 81% de la coca de Colombia, según publica en su edición de hoy diario El Tiempo. Reportes de la ONU indican que en Colombia existen 69 000 hectáreas de coca.
Pero precisamente en Nariño, Colombia comparte una línea divisoria fronteriza con Ecuador y en localidades cercanas de allí como Mataje, Corriente Larga, El Pan, Piedra Sellada y Tobar Donoso se concentraban las fumigaciones para erradicar la expansión de las plantaciones.
El más reciente episodio en estos sitios próximos a los cantones ecuatorianos, San Lorenzo y Eloy Alfaro, fue la visita que hicieran delegaciones militares de Colombia y Ecuador para evaluar los efectos de las aspersiones.
Fue en mayo del 2015 luego de que se conformaron comisiones binacionales en el marco de los acuerdos bilaterales tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En ese marco, Colombia también se comprometió a desembolsar a Ecuador USD 15 millones.
Este fue el resultado de un acuerdo extrajudicial como resultado de una negociación para dar por superado una acción legal que Quito ventilaba en la Corte de la Haya.