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La CIDH habla con policías y fiscales sobre triple crimen

Édison Lanza (centro) ingresó ayer, 23 de noviembre del 2018, al Ministerio del Interior, para una reunión. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Édison Lanza (centro) ingresó ayer, 23 de noviembre del 2018, al Ministerio del Interior, para una reunión. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Édison Lanza (centro) ingresó ayer, 23 de noviembre del 2018, al Ministerio del Interior, para una reunión. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La reunión entre fiscales y policías y el equipo de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que investiga los crímenes de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, se extendió dos horas. La cita se desarrolló a puerta cerrada, al igual que las reuniones del jueves en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa.

La agenda de ayer empezó a las 09:00. A esa hora, la fiscal (e) Ruth Palacios recibió al relator Especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, a la relatora para el Ecuador, Esmeralda Arosemena, y a un grupo de investigadores liderados por Luz Adriana Camargo.

En el Ministerio del Interior continuaron las reuniones con más policías. A esas oficinas fueron llamados los jefes de las unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y de Antisecuestros y Extorsión (Unase). También se anunció la presencia de un delegado de la Ministra del Interior, de su equipo técnico y del asesor Carlos Maldonado.

Para los familiares de Javier, Paúl y Efraín, esta segunda visita permitirá agilizar las indagaciones. “Hay documentos importantes que no han sido tomados en cuenta por la Fiscalía; en esta visita vamos a pedir que se incluyan al expediente”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo.

Se refiera a los partes policiales de Inteligencia y documentos reservados sobre la posible negociación con los miembros del grupo armado Óliver Sinisterra, a quienes se les atribuyen los crímenes. “Se supone que ya se levantó la confidencialidad, pero parece que se mantiene la política del silencio”. Y aseguró que esos documentos aún no han sido presentados a las familias.

En esta segunda visita, los funcionarios de la CIDH no programaron ninguna intervención pública para explicar el avance de su trabajo.

El 26 de julio pasado, en su primera visita, Lanza hizo una evaluación y entre otras cosas aseguró haber recibido información de que, cuando ocurrieron los hechos, la situación “era gravísima y que el riesgo era muy elevado y extremo”.

Esta vez, la CIDH incluyó en su agenda una visita al poblado fronterizo de Mataje. La tarde de ayer se conoció que el viaje de hoy fue cancelado.

Actualmente, en Mataje opera la Fuerza de Tarea, conformada por militares y policías. Los uniformados dicen que la situación allí “está mucho mejor”. El 7 de noviembre pasado se conoció sobre el decomiso de 100 kg de cocaína en el interior de un automotor.

Este hallazgo se produjo en El Pan, un caserío limítrofe que pertenece a la parroquia de Mataje. El vehículo salía de un camino y al observar a los militares los ocupantes abandonaron el carro y huyeron.

Los soldados dicen que “mantienen bajo control todas las vías”. En estos meses han realizado cuatro campañas de salud y para Navidad se prepara un agasajo para los niños.

Las visitas médicas se hicieron en Mataje Alto, Labores, Corriente Larga, en La Cadena y todo el cordón fronterizo.

En esas brigadas de salud han participado dos médicos militares, un odontólogo de FF.AA. y tres médicos civiles.

“Esta es la condición actual de Mataje”, dicen los soldados.

La CIDH no ha detallado el trabajo que iba a realizar en esa parroquia, en la que este año se han reportado ocho asesinatos (incluidos los de cuatro marinos fallecidos por un ataque de los disidentes). El 2017 hubo 11 muertes violentas.

Hace cuatro meses, los militares que patrullaban las orillas del río Mataje hallaron el cuerpo de una persona, a quien se identificó como sobrina de alias ‘Guacho’, cabecilla del grupo Óliver Sinisterra.

Los militares aseguran que los crímenes son provocados por ajustes de cuentas. Y que, en ciertos casos, suceden en Colombia, pero se dejan los cuerpos en Ecuador.

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