La CIDH finalizó su visita tras una reunión con periodistas y gremios
En la gráfica aparecen Luz Adriana Camargo, de la CIDH, y Ricardo Rivas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El último día de visita del Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH giró en torno a un tema: cómo era la situación en la frontera norte antes y después del secuestro y asesinato del equipo de este Diario.
Por eso ayer, la investigadora Luz Adriana Camargo, integrante del equipo de la CIDH, se reunió con siete periodistas ecuatorianos. En su mayoría, los comunicadores habían visitado Esmeraldas y publicado reportajes sobre la violencia desatada en San Lorenzo desde el 27 de enero pasado, cuando estalló un carro bomba.
La cita de ayer fue reservada, como las demás reuniones de trabajo mantenidas durante su primera visita al país, que duró tres días. Desde las 11:30, periodistas de El Universo, Expreso, El Telégrafo, Ecuavisa y profesionales que laboran independientemente contaron sus experiencias en la frontera norte.
A este encuentro también asistieron representantes de tres gremios de periodistas. Guadalupe Fierro acudió por parte de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); Susana Piedra por la Federación Nacional de Periodistas (Fenape); y Francisco Rocha por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
Ellos hablaron sobre los protocolos de seguridad que tienen las empresas de comunicación y sobre el contexto político, en donde incluyeron un análisis sobre la aplicación de la Ley de Comunicación.
En esta reunión participaron los familiares del fotógrafo Paúl Rivas y del periodista Javier Ortega. Ellos y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo.
Según Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, la información que proporcionaron los trabajadores de los medios de comunicación servirá para que la CIDH incluya en su informe final un análisis sobre el contexto en el que se produjeron los crímenes.
Édison Lanza, relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, ya adelantó que la situación en la frontera norte era gravísima y el nivel de riesgo, extremo. Eso lo dijo tras una reunión, el jueves, con policías, fiscales, militares y funcionarios de los ministerios que manejaron el caso.
De hecho, después de que el grupo armado Óliver Sinisterra asumiera la autoría del secuestro, informó sobre el secuestro de Katty Velasco Pinargote y Óscar Villacís Gómez, una pareja ecuatoriana que viajó de Santo Domingo a San Lorenzo. Ellos también fueron posteriormente asesinados por el mismo grupo.
Para Fierro, de la UNP, lo importante es que el CIDH pueda señalar responsabilidades políticas, si las hubiera, “más allá de determinar a los autores materiales e intelectuales” de estos ataques mortales.
Por su parte, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, indicó que las familias esperan tener un primer borrador del informe que hará la CIDH en la próxima visita del organismo, prevista para septiembre.
Las pruebas forenses
Para la próxima semana está previsto que la Fiscalía colombiana reciba los resultados de las pericias de balística que se realizaron a los cuerpos de los periodistas y también un análisis forense con el que se establecerá cuándo fueron acribillados. Por testigos e involucrados en este hecho violento se conoce que los asesinatos se produjeron antes del 11 de abril. En el Ecuador, alias ‘Guacho’, líder del grupo armado, es también señalado por el ataque terrorista del 27 de enero pasado, al comando de la Policía de San Lorenzo.
Un juez de ese cantón citó para el próximo 17 de agosto la audiencia preparatoria de juicio. En esta diligencia la Fiscalía deberá presentar su dictamen y anunciar si llama o no a juicio al disidente de las FARC y a otras 27 personas procesadas, en el mismo expediente.
Por el secuestro de los periodistas, la investigación aún se encuentra bajo reserva. Sin embargo, la Fiscalía ha pedido una asistencia penal internacional a Colombia.
En ese país, los investigadores han recogido versiones de detenidos y se conoce que quien ordenó los crímenes fue ‘Guacho’. La Fiscalía colombiana dice que él maneja 300 uniformados y 170 personas vestidas de civil. Las indagaciones señalan que ellos han conformado una red de colaboradores.
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