Centro de ADN opera con datos incompletos sobre desaparecidos
Criminalistica
No todos pueden entrar al laboratorio. Solo debe hacerlo el personal que usa gorro para el cabello, mascarilla, mandil y cobertores esterilizados para los zapatos. Así opera el centro de ADN, un servicio manejado por Criminalística.
El jueves 16 de enero del 2019, este Diario entró a las instalaciones, que desde septiembre del 2014 almacenan una base con los perfiles genéticos de 593 familiares de personas desaparecidas.
En el lugar hay silencio. Solo al fondo se escucha el sonido de un equipo que extrae el ADN de los restos óseos hallados por agentes y de las muestras que dejan los parientes.
Verónica Villegas recorre las siete áreas del laboratorio. Es la coordinadora del lugar.
Ahí operan equipos avalados, por ejemplo, por la Sociedad Internacional de Genética Forense. Todo fue adquirido en el 2014. “Estamos trabajando con la más alta tecnología existente”.
Pero también habla de falencias: la base de datos es incompleta. El Ministerio de Gobierno dice que hasta junio del año pasado en el país estaban reportados 1 392 desaparecidos.
Es decir, en el banco de datos faltan 799 perfiles genéticos.
¿Por qué ocurre aquello? Porque no todos los familiares se han acercado al lugar a realizarse un examen, pues para hacerlo primero necesitan un pedido del fiscal que lleva el caso.
Alix Ardila no tiene esa orden, pese a que lleva siete años en busca de su hija Carolina. Lo mismo ocurre con Lilia Acosta, madre de Joshua, un niño de 8 años que fue visto por última vez en febrero del año pasado. “Le pedí al fiscal que me tomen una muestra de ADN para que sea comparada con los huesos que puedan encontrar, pero no tuve respuesta alguna”, dice.
Una base incompleta impide cotejar los restos hallados en operaciones de búsquedas con el ADN de todos los familiares de personas extraviadas.
Villegas detalla cada tarea que realiza el personal a su cargo. En una de las salas aparecen fragmentos de huesos conservados en envases plásticos y apilados en una mesa metálica.
Junto a estos recipientes hay decenas de frascos con osamentas que fueron pulverizadas con un reactivo químico.
Al frente está un anaquel con sobres de papel que contienen la muestra de sangre entregada por los familiares.
Desde el 2014 hasta enero de este año, en los laboratorios que Criminalística tiene en Quito y Guayaquil se han realizado 814 cotejamientos óseos. Solo en 26 ocasiones se logró identificar a desaparecidos.
Dos metros antes de llegar a la puerta principal del laboratorio se encuentra un mueble de madera con cientos de carpetas distribuidas en orden alfabético. Al lado hay una computadora. En ambos lugares se almacena información de los 593 rasgos genéticos.
El primer perfil de ADN que aparece en esa lista es de Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, la joven que desapareció en el 2012. También está el de Alexandra Córdova, madre de David Romo.
Pero ambas se han sometido a más de una prueba. Dicen que esto ocurrió porque el fiscal no consultó al laboratorio de Criminalística para ver si en su base ya tenían los exámenes.
En el 2014 a la madre de Romo le extrajeron una muestra de sangre para analizar osamentas halladas en el río Monjas, en el sector de Rumicucho.
En noviembre del 2019 pidieron repetir ese procedimiento, para determinar si los huesos encontrados en una quebrada de Pomasqui pertenecían a su hijo. El resultado fue negativo.
“Lo que pasa es que no hay coordinación entre Fiscalía y Criminalística”, dice Córdova.
En septiembre del 2014, a la madre de Juliana le practicaron un estudio de ADN. Cuatro años después, por orden fiscal, repitió la prueba. Allí también hubo descoordinación.
La Fiscalía tiene otro laboratorio y su base de datos con perfiles genéticos. Pero Villegas advierte que ese archivo también está incompleto.
Para evitar la duplicidad del trabajo, la Fiscalía y Medicina Legal se reunieron en noviembre del 2019. Allí coordinaron acciones para unificar las dos bases de datos en este año.
La idea es que no se repitan casos como el de Melina Muñoz. Su hermano Álex desapareció en marzo del 2017 en el sector de Santa Rosa de Agua Clara, en Bolívar. Recuerda que un año después le pidieron al fiscal que solicitara un análisis genético de su madre para cotejarlo con unos huesos encontrados en una mina de oro.
La orden fue extendida y en septiembre de ese año las dos tomaron un bus interprovincial desde el cantón Chillanes hacia Quito. El viaje por carretera duró cinco horas. Cuando llegaron a la capital abordaron un taxi y fueron al Servicio de Medicina Legal, en el norte.
Allí le tomaron a la madre una muestra de sangre. Pero seis meses después, el fiscal solicitó que se realice ese examen nuevamente, porque la prueba se había contaminado. Tuvieron que repetir la travesía. Luego de 30 días supieron que esas osamentas no eran de Álex.
Un caso similar vivió Alexandra Cevallos, hermana de Luzmila Ramírez, quien desapareció en Huaquillas en octubre del 2016. Su madre tuvo que practicarse dos veces la prueba. Primero en el 2017 y nuevamente en el 2018.
El análisis puede tardar entre 25 y 40 días. Una vez que se obtiene el perfil genético de los restos óseos y del familiar, los resultados son ingresados a una computadora forense.