Durante el correísmo, esa empresa firmó un contrato que permitió montar el despacho externo de la Presidencia, donde habría recibido dinero ilegal. Foto: Archivo EL COMERCIO
A un día del inicio del juicio por el caso Sobornos 2012-2016, más datos aparecen sobre esta trama. Este Diario accedió a documentación judicializada, que muestra detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec E.P.) arrendó la oficina privada en donde Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, recibía el dinero de contratistas. Según las investigaciones, por el despacho 2C y por los parqueaderos 44 y 45, la entidad eléctrica pagó USD 1 568 mensuales, desde septiembre del 2011 hasta marzo del 2013.
La documentación señala que Celec desembolsó en total USD 23 520 de su presupuesto, por 15 meses. El contrato de arrendamiento fue suscrito por Marcelo Vicuña Izquierdo, entonces gerente de la Unidad de Negocios, y por un apoderado del gerente general.
Vicuña aseguró en la Fiscalía que en esa oficina trabajó personal de la Presidencia de la República y de Celec. “Hubo la necesidad de asesoría de la Presidencia para varias áreas”.
Agregó que el contrato de alquiler lo realizó el gerente de la empresa pública y sostuvo que quien estaba al frente de los sectores estratégicos era Jorge Glas, hoy procesado.
En el expediente del caso Sobornos constan las certificaciones y escritos tanto de la actual Presidencia de la República como de las nuevas autoridades de Celec, en donde se informa que entre 2011 y 2013 no hubo autorización formal para arrendar esa oficina. La Gerencia de Talento Humano de Celec aclaró a la Fiscalía que “no existe registro de asistencia de personal que haya sido asignado a cumplir labores de oficina en el edificio privado, en el periodo 2011-2013”. La Jefatura de Inventarios certificó que Celec no tuvo activos fijos de bienes en esa edificación.
El 8 y el 27 de mayo del 2019, la Fiscalía allanó las oficinas de Pamela Martínez y Laura Terán,ubicadas en la Presidencia y en la Corte Constitucional. Foto: Archivo EL COMERCIO
Lo mismo dijo la actual Coordinación General de la Presidencia. “La administración desconoce las razones para tener instalaciones adicionales a las del edificio La Unión (Centro Histórico)”, declaró a la Fiscalía General del Estado.
En este último inmueble funcionaba el despacho oficial de Martínez y de Laura Terán, su antigua asistente. En los allanamientos se confiscaron las computadoras, de ellas se extrajeron los denominados ‘archivos verdes’. Uno de los documentos digitales tenía el nombre ‘Edificio Concorde’. Allí se mencionan más detalles de cómo se montó y cómo funcionó ese espacio.
Se instalaron cámaras de vigilancia; tenía conexión a Internet, computadoras, líneas telefónicas e impresoras.
Byron Paredes Quispe laboró en esa oficina y también es uno de los testigos en el juicio. A la Fiscalía le dijo que el trabajo consistió en ayudar a Terán en todo lo que se ofreciera. Contó que una de sus actividades era pagar el arriendo con el dinero que le entregaba Terán.
En abril del 2013, Celec dejó de pagar por ese bien. A partir de abril de ese año, el esposo de Terán aparece en el contrato de arrendamiento como el responsable de la oficina.
Paredes recuerda que en ese tiempo, Terán le entregaba una vez al mes facturas de la empresa Nexo Global, propiedad de Martínez y su esposo. Le daba un sobre cerrado y la orden era que las llevara a la oficina de Odebrecht, que se ubica a media cuadra de distancia.
Alexis Mera, antiguo secretario Jurídico de la Presidencia, confirmó la existencia de dichas facturas. El 21 de enero pasado, en su cuenta de Twitter publicó una foto de una factura de Nexo Global que fue cancelada por la constructora brasileña. El valor era de USD 11 200, incluidos impuestos, por “pago de nómina”.
Para la Fiscalía, este es un ejemplo de cómo funcionó el sistema de cruce de facturas. Hubo dos modalidades. La primera era que las empresas que tenían contratos con el Estado cubrían los valores por servicios publicitarios y propagandísticos de Alianza País. Estas compañías pagaban facturas por shows, convenciones del partido gobiernista, camisetas, comida, banderas y demás.
La segunda modalidad era supuestamente simular actividades económicas para justificar la entrega de dinero para Alianza País. A través de este sistema, más los pagos en efectivo, se habrían movido USD 7,1 millones entre 2012 y 2016.
Justo en noviembre del 2016 aparece el último pago por el arriendo de la oficina privada.
Los correos electrónicos de Martínez revelan más actividades que se habrían realizado en esas instalaciones. La exasesora de Correa tenía reuniones con abogados particulares. También desde allí se vigilaban los juicios en los que Presidencia tenía interés.
Cada pieza de esta trama será exhibida ante el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional. Está previsto que la audiencia se inicie mañana; sin embargo, en las últimas horas se conoció que los abogados de los procesados pidieron que se postergase la diligencia.
En el caso del exministro Walter Solís, su abogado Gutemberg Vera informó al Tribunal que se encuentra enfermo y que tiene permiso médico hasta el 3 de febrero.
El empresario Ramiro Galarza también solicitó que se cambie de fecha la diligencia. En un escrito enviado a la Corte señaló que su abogado, Gustavo García, viajó a Argentina, en donde cursa un doctorado. Agregó que su defensor regresa al país mañana, 31 de enero.
La asambleísta Viviana Bonilla es otra procesada que se ha quejado por “la rapidez” con la que se señaló fecha para la etapa de juzgamiento. Dijo que ella tiene licencia por maternidad y que asistir a las audiencias es una vulneración de sus derechos como madre. El Tribunal le informó hace una semana que ella puede comparecer por videoconferencia.
