Ayer, el fiscal Jacinto Tibanlombo (der.) formuló cargos en contra de 17 personas. Foto: Patricio Terán / EL Comercio
La orden de prisión para nueve personas -de las 17 investigadas por ser parte de un presunto entramado de corrupción en Petroecuador– llegó tarde.
A excepción de Álex Bravo, quien está detenido desde mayo, el resto ya abandonó el Ecuador. Los ocho sospechosos tomaron vuelos hacia Estados Unidos y España, según sus reportes migratorios.
Ayer, 21 de octubre del 2016, la jueza Karen Matamoros dispuso la prisión preventiva para estas nueve personas y para el resto (ocho), ordenó la prohibición de salida del país, de enajenar bienes y la presentación ante un juez.
En la lista con órdenes de arresto están Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, su exasesor, Arturo E.; los empresarios Juan y Jaime Baquerizo, de Oil Services & Solutions; Glenda M., de Galileo Energy; Humberto G., de la firma Tecniazul; Arturo P. y Fabrizzio Y.
Los viajes de los sospechosos se iniciaron tras el escándalo de los Papeles de Panamá, difundidos en abril pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Ocho meses después de esa filtración, el fiscal Jacinto Tibanlombo confirmó, ayer, que altos funcionarios de Petroecuador tejieron una red de empresas ‘offshore’ y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
También aseguró que a través de esas firmas se realizaron transacciones millonarias. Las primeras investigaciones revelan que hubo movimientos de al menos USD 12 millones. Ese dinero salió de los empresarios petroleros indagados hacia cuentas de funcionarios de Petroecuador, quienes previamente favorecieron contratos.
Con esas evidencias, el fiscal Tibanlombo vinculó ayer a 17 personas al proceso penal por cohecho, que se inició en agosto pasado. Los dos únicos detenidos en esta investigación son Álex Bravo y Javier Baquerizo.
La audiencia se desarrolló en la Unidad Judicial Penal de Pichincha, ubicada en el norte de Quito. A ese juzgado acudieron Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, y representantes de Petroecuador.
“¿Están o no en el país sus clientes?”, preguntaron periodistas a los abogados de los procesos, pero prefirieron no responder y rechazaron las acusaciones de Tibanlombo.
El fiscal sustentó su tesis con base en la Asistencia Penal que Panamá remitió a Ecuador y con el Reporte de Operaciones Injustificadas (ROI 021-2016), que elaboró la Unidad de Análisis Financiero.
En esos documentos aparecen los nombres de las ‘offshore’ Girbra, que pertenece a Álex Bravo; Capaya S.A., de Carlos Pareja; Escart, de Arturo E.; Johanna Investments Corporation, de Bravo y su esposa Jelice H., otra procesada, y Arkdale Investment, aparentemente de los empresarios Baquerizo.
El investigador incluso presentó las transferencias de dinero que presuntamente se realizaron en las cuentas de estas firmas. Sin embargo, no pudo confirmar cuál sería el monto total del perjuicio para el Estado.
Xavier Cazar, abogado de la familia Pareja (Carlos Pareja, su hijo, Carlos Andrés y su hermana, Rosa), la vinculación es un caso “político”. Dijo que sus clientes han sufrido “linchamiento mediático” y que debido a eso se encuentran “mal de salud”, pues se les ha dañado su “imagen como familia”.
Por eso, el defensor señaló que en las conversaciones con sus clientes no se ha mencionado la posibilidad de volver.
Tibanlombo presentó como evidencia contra Pareja los documentos de apertura de una cuenta en el Capital Bank, de Panamá. El exfuncionario señala, como motivos para abrir la cuenta, la “situación política” del Ecuador y la posibilidad de poner a buen recaudo su dinero, “ya que cada vez el Gobierno aumenta los impuestos y solicita mayor aportación de acuerdo al salario”.
Cazar rechazó esa prueba contra su cliente. “Tener una cuenta en el extranjero no es un delito”, sostuvo. Y solicitó al fiscal que demuestre el cohecho por el que se lo investiga.
De forma general, los juristas aseguraron que no existían elementos suficientes para demostrar el delito. “Que me muestre un giro que hayan realizado los señores Baquerizo o que ellos hayan constituido Arkdale Investments o que figuren como beneficiarios”, cuestionó Jorge Acosta.
Durante más de dos horas, en una sala abarrotada de personas, los abogados también alegaron un aparente fuero de Corte Nacional, pues Pareja llegó a ocupar el Ministerio de Hidrocarburos entre noviembre del 2015 y abril de este año.
Pero Tibanlombo presentó como evidencias 15 contratos suscritos entre diciembre del 2012 y junio del 2015, con los representantes de compañías que ahora se encuentran procesados. Uno de estos compromisos se firmó con Glenda M., representante de Galileo Energy, y otro se celebró con Humberto G., de Tecniazul.
Ayer se conoció que la Policía ejecutaría allanamientos en Quito, Guayaquil y Esmeraldas para confiscar bienes.
La investigación sobre el caso Petroecuador
16/08/2016
La Policía captura a Javier Baquerizo, contratista de Petroecuador. Él es indagado por el pago de comisiones a funcionarios, a cambio de obtener contratos.
3/10/2016
La Fiscalía anunció la vinculación de Carlos Pareja a la investigación por cohecho. Dos familiares del extitular de Petroecuador también están procesados.
8/10/2016
El presidente Rafael Correa, en su enlace ciudadano, aseguró que Pareja Yannuzzelli era un “tipo totalmente honesto”, pero que sucumbió ante el dinero.
