Carlos Baca: ‘Detrás de la indagación hay oscuros y poderosos personajes’
Carlos Baca Mancheno dijo que la investigación abierta en su contra por supuesto peculado carece de sustento técnico y procesal. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
A la fiscal subrogante Thania Moreno le tomó menos de 24 horas despachar las primeras diligencias contra su superior, el fiscal General, Carlos Baca Mancheno.
El lunes 15 de enero del 2018, a las 15:45, a través de un denominado ‘acto urgente’, el exlegislador Andrés Paéz y el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio pidieron indagar a Baca e incluyeron un supuesto informe con indicios penales suscrito aparentemente por Contraloría, el 23 de diciembre del 2016.
Un día después, el martes, a las 12:00, Moreno dispuso abrir la indagación reservada en contra de Baca y ordenó las primeras cinco diligencias.
La investigadora designó al capitán de Policía Marco Paredes, de la Dirección General de Inteligencia, para rastrear la denuncia. Le dio 20 días contados a partir del martes para entregar un informe preliminar.
Como parte de la denuncia, Moreno recibió 366 anexos del supuesto informe penal de la Contraloría. Allí se dice que Baca recibió un sueldo cuando dirigió la denominada Comisión
30-S. Esta entidad fue creada por Decreto Ejecutivo en el gobierno de Rafael Correa, en junio del 2013, para investigar la sublevación policial registrada tres años antes.
Ahí se señala que la Comisión debía ejercer sus tareas de forma ‘gratuita’. Por eso, Páez y Villavicencio aseguran que el actual Fiscal pudo incurrir en un posible delito de peculado.
Pero el miércoles, desde el auditorio de la Fiscalía, en Quito, Baca advirtió que no existe ningún informe penal de la Contraloría en su contra. Además, cuestionó la indagación abierta por Moreno, pues “carece de todo sustento técnico y procesal”. “(El expediente está) fundado en un pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce”.
El funcionario -acompañado de Diana Salazar y Wilson Toainga, fiscales que investigan la trama de Odebrecht- exhibió un oficio remitido por el contralor Pablo Celi, en el que se certifica que no hay informes penales, civiles o administrativos que lo señalen.
Según el Fiscal, Celi suscribió el documento el martes, a las 16:02; es decir, cuatro horas después de la apertura de la indagación dispuesta por Moreno.
“(La investigación) no responde a un propósito judicial, sino al cumplimiento de órdenes de oscuros y poderosos personajes y sectores que han afectado al país”, dijo Baca.
Por la tarde, el Contralor respondió a Moreno y dijo que en los archivos de la institución no consta el supuesto informe.
EL COMERCIO intentó dialogar con la fiscal Moreno, pero personal de su despacho comentó que no hablaría del tema, porque el expediente se maneja de forma reservada.
La investigadora lleva 16 años en la Fiscalía. En mayo del 2017, la Judicatura la nombró Fiscal Subrogante. Fue la primera vez que se designó ese cargo por esa vía, pues en anteriores ocasiones el Fiscal General decidía ese puesto.
Como parte de las primeras diligencias, Moreno pidió a la Contraloría que certifique si existe o no el supuesto informe penal en contra de Baca.
También remitió un escrito a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), para que entregue respaldos de los pagos especiales que hizo la entidad.
En el supuesto informe de la Contraloría se dice que la Senain pagó a la Comisión 30-S un valor parcial de USD 84 285. La entidad estuvo integrada por Baca y otros dos funcionario, durante el 2013 y el 2014.
Frente a estos hechos, el contralor Celi anunció que hará un “análisis integral” de los documentos de gastos reservados efectuados por la Senain.
Según la denuncia que maneja Moreno, el 23 de diciembre del 2016 el entonces fiscal General Galo Chiriboga recibió el informe del ente de control.
Sin embargo, el 17 de enero, Chiriboga aseguró a este Diario que entre diciembre del 2016 y mayo pasado, cuando dejó la Fiscalía, no llegó ningún informe que señale al actual Fiscal General.
De confirmarse que la documentación entregada por Villavicencio y Páez no existe en la Contraloría, la fiscal Moreno podría archivar el caso, según lo dispone el art. 585 del COIP.
Los agentes tienen hasta dos años para rastrear un delito bajo reserva. Transcurrido ese tiempo se puede cerrar el caso o de haber pruebas pedir que se procese a los sospechosos.
Baca, quien el miércoles habló durante 9 minutos, adelantó que revelará “oportunamente” a los personajes que se oponen a que él siga con la lucha anticorrupción. “(Existen) investigaciones técnicas que estamos realizando, y que tienen enorme gravedad, donde hay personas potencialmente involucradas con fuero de Corte”.
Carlos Pólit fue mencionado
En medio de esta disputa también apareció el nombre del excontralor General Carlos Pólit, actualmente indagado por concusión dentro de la trama ilegal de Odebrecht.
Ayer, a través de su abogado, Hernán Ulloa, el exfuncionario aseguró que Baca “ha perdido la imparcialidad”, pues el Fiscal le responsabilizó de haber entregado el supuesto informe a Villavicencio y Páez.
Por eso solicitó a la Corte de Justicia que separe al Fiscal del proceso de concusión, debido a que “ha evidenciado enemistad manifiesta” en su contra. El art. 572 del Código Penal señala que este es un motivo para disponer el reemplazo.
La Corte no se ha pronunciado y el 18 de enero el Fiscal asistirá a la audiencia preparatoria de juicio en contra de Pólit. Allí, el Fiscal debe presentar las pruebas recopiladas durante la investigación y pedir que se llame o no juicio a Pólit.
Transcripción textual del pronunciamiento de Baca Mancheno, este 17 de enero del 2018:
“Tenemos una declaración que la vamos hacer en estos términos. Como todos ustedes conocen y yo me enteré a través de las redes sociales, sobre la base de un pedido de acto urgente la fiscal Thania Moreno, un documento que no constituye una denuncia, ha iniciado una indagación previa en contra del Fiscal General del Estado.
Al respecto voy a informarles en dos partes. La primera es respecto de los hechos.
Señores, categóricamente no existe ningún informe de indicio de responsabilidad penal en contra del Fiscal General. Si hubiese existido, la primera pregunta que se debería hacer, y lo voy a demostrar con documentos, por qué apareció hoy. Por qué no se hizo público en el momento que existió. Deben ustedes saber que al igual que todos ustedes yo me enteré a través de las redes sociales y aquí les voy a dar una explicación a detalle.
Lo primero, para postularme al cargo de Fiscal General del Estado, en enero del 2017, no el fiscal, no Carlos Baca, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le pidió directamente a la Contraloría General del Estado que certifique si entre los postulantes, de los cuales yo era uno de ellos, tenían algún indicio de responsabilidad penal, administrativa o culposa.
El señor Pablo Celi, contralor General del Estado, con fecha 18 de enero del 2017, le contesta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con un certificado de responsabilidades en el cual se establece que Carlos Baca no tiene responsabilidad administrativa, civil y no tienen indicios de responsabilidad penal. Este oficio se emite el 18 de enero del 2017 a la 1:47. El 11 de mayo asumo y soy posesionado por la Asamblea Nacional y asumo la función del Fiscal General del Estado sin haber tenido ninguna impugnación de ninguna naturaleza.
El 2 de junio del 2017 se ordenó el allanamiento del domicilio de quien en ese entonces fungía como Contralor General del Estado, el doctor Carlos Pólit, operativo que fue coordinada desde Brasil por el Fiscal General del Estado y que fue ejecutado en la madrugada del 2 de junio del 2017.
El mismo día, cuando se produce el allanamiento al domicilio del señor Carlos Pólit, el abogado de Pólit, Hernán Ulloa Parada da declaraciones a los medios de comunicación y dice que tanto el allanamiento como las investigaciones por el caso de Odebrecht en contra del Contralor eran una retaliación del Fiscal General del Estado por cuanto le había emitido la Contraloría un indicio de responsabilidad penal en su contra.
Es decir, después del allanamiento aparece por primera vez ante la opinión pública, por boca del abogado de Carlos Pólit, la existencia o supuesta existencia de un indicio de responsabilidad penal contra Carlos Baca Mancheno.
El 1 de agosto del 2017, el fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno solicita a la Corte Nacional la formulación de cargos por el delito de concusión en contra de Carlos Pólit. Y el juez nacional de la Corte Nacional de Justicia señala la diligencia para el día lunes 7 de agosto del 2017. Tomen en cuenta la fechas, es muy importante que tomen en cuenta las fechas.
El 10 de agosto, cuando el Fiscal General solicitó la formulación de cargos en contra de Carlos Pólit, el asambleísta Fabricio Villamar le remite un oficio al Contralor Ceneral, en el que le solicita certificar la autenticidad del oficio número 37616-CG del 23 de diciembre del 2016, supuestamente suscrito por el contralor General del Estado abogado Damián Fernandez de Córdova y dirigido al exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga, a esa fecha.
Tres días después de la audiencia de formulación de cargos. Y aquí está el oficio por el cual pidió el señor asambleísta una certificación de autenticidad. El señor Contralor General del Estado contesta al asambleísta Villamar con fecha 7 de septiembre del 2017 y le adjunta el oficio 37616 de 28 de diciembre del 2016, suscrito por el doctor Pablo Celi como contralor General Subrogante. Y ¿qué documento es? Es un documento, el supuesto oficio con el que le remiten al fiscal Carlos Baca un indicio de responsabilidad penal.
Este es el oficio original; comparen. ¿A qué corresponde este oficio? Corresponde a una delegación que le hacen al doctor Juan Pablo Jiménez y al doctor Hernán Santiago Cruz para que intervengan en una audiencia de un trámite en e Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad de Quito. Aquí están.
Pero además el Contralor General del Estado le remite al asambleísta un memorándum suscrito por el Secretario General de la Contraloría, en el que le dice que a respecto le comunicó que revisados los archivos que mantiene la institución, no existe el referido oficio. Este no existe. Este es el oficio que si existe y que corresponde a una delegación de un abogado para que asista a una audiencia.
Pero como si eso no fuera suficiente, el 11 de septiembre del 2017, el asambleísta Villamar le insiste al Contralor y le dice que respetuosamente le insiste que se sirva verificar la autenticidad del oficio 37616-CG de fecha 23 de diciembre del 2016 y el Contralor General del Estado, con fecha 20 de septiembre del 2017, le contesta y le dice: debo informar a usted que la Contraloría mantiene un número secuencial de oficios, independientemente de la unidad administrativa en la que se generen en la que se incluya aquellos que se pueda tener el carácter de reservados y secretos. Por tal motivo existe un solo oficio 37616 originado en la dirección de patrocinio de la Contraloría. Fíjense ustedes cómo la mentira y la infamia tiene patas cortas.
Ahora, le solicité al señor Contralor General del Estado, que certifique a fecha actual si es que existe un indicio de responsabilidad del Fiscal General y el señor Contralor General del Estado, con fecha 16 de enero del 2018, a las 16:00 de ayer, certifica que no existe indicios de responsabilidad penal, glosas o responsabilidades administrativas del Fiscal General del Estado.
Esto además se suma por pedido del fiscal general del Estado, el secretario general de la Fiscalía, certifica a fecha de hoy, que no existe documento alguno que se refiera a informes con indicios de responsabilidad penal en contralor del doctor Carlos Baca Mancheno.
Esas copias simples que han servido para que la infamia y la calumnia se instalen en las redes y en los medios tendrán que ser explicadas por los calumniadores o por quienes le sirven y le han servido a los calumniadores para tratar de ofender a la Fiscalía General del Estado, a la que yo represento.
He conocido hoy que el señor Contralor General del Estado ha dado declaraciones públicas en un medio de comunicación diciendo lo que es la verdad: que no existe ningún informe y en el mismo sentido ha dado declaraciones a un medio impreso el exfiscal general Galo Chiriboga, en el sentido de que jamás, mientras él fue fiscal, llegó ningún informe con indicios de responsabilidad penal.
Con todo esto que les he expuesto tengo que decirles cuál es la gravedad de lo que está ocurriendo. Es muy evidente que la lucha que ha asumido la Fiscalía y el Fiscal General quiere ser empañada por intereses particulares en esconder la corrupción y en favorecer la impunidad.
Con el actual Contralor hemos mantenido permanente coordinación para precisamente revisar y analizar los indicios de responsabilidad penal remitidos en la oscura época del anterior contralor que se analice y se vea si efectivamente tienen sustento o no. Muchos de ellos son indicios que corresponden a actos de corrupción pero algunos de ellos eran utilizados como herramientas de extorsión y de chantaje.
Este ataque que lo recibo yo, no lo recibo como algo personal, lo recibo como un ataque a la Fiscalía General, a la que representó y que ha demostrado con hechos su lucha frontal en contra de la corrupción y caiga quien caiga.
Sobre la indagación que ha abierto la fiscal Moreno, técnica y procesalmente carece de todo sustento, fundada en un pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce.
Los intereses que están detrás de impedir de que el Fiscal General continúe en la lucha en contra de la corrupción serán develados oportunamente, sobre la base de investigaciones técnicas que nosotros estamos realizando y que tienen una enorme gravedad, donde hay personas potencialmente involucradas con fuero de Corte Nacional a las que les resulta incómoda la presencia de un Fiscal General que no tiene mancha alguna y le resulta incómodo la presencia de un equipo de fiscales que tienen el valor y la decisión de enfrentar al crimen organizado y a la corrupción.
La Fiscalía se mantendrá firme y sin temor alguno en esta lucha, la cual asumió como su responsabilidad tal como se ha dicho demostrándola con hechos, con acusaciones fiscales, con sentencias.
Como también se lo ha demostrado con la propuesta a la Asamblea Nacional de que tramite una ley de extinción de dominio para que las fortunas del crimen organizado y la corrupción sean revertidas a favor de los intereses de los ecuatorianos.
El país sabrá que detrás de la apertura de esta investigación en contra del Fiscal, que desde el 11 de mayo del 2017 ha tenido el honor de liderar un equipo de fiscales sin mancha, responde no a un propósito judicial ni a un propósito jurídico, sino al cumplimiento de órdenes de oscuros y poderosos personajes y sectores que le han afectado al país, utilizando mecanismos políticos e institucionales para dejar a estos criminales en la impunidad.
No conseguirán desestabilizar a la Fiscalía General del Estado con estás patrañas. Somos un equipo mayoritariamente de gente honesta que sirve al país. No cumplimos ni cumpliremos órdenes de nadie. Mucho menos de personas que sirven a los intereses de o corrupción y de la delincuencia organizada.
Compañeros y compañeras fiscales no tengan miedo, yo no tengo miedo. Pronto enfrentamos una nueva amenaza y nos enfrentaremos a estos ataques, porque nosotros somos gente de bien, honesta que va a seguir trabajando por una Fiscalía y un país libre de corrupción”.
