El ECU-911 ha recibido un promedio diario de 180 alertas por libadores en Guayaquil, mientras que en Quito (en la foto) promedian 136. Foto: Twitter / Intendencia de Policía de Pichincha
Con la pandemia del nuevo coronavirus se exacervó un problema frecuente en Ecuador: el consumo de alcohol, incluso, durante las horas del toque de queda.
Desde el 16 de marzo, que se decretó el estado de excepción, hasta este 19 de julio, han transcurrido 126 días en los que Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala destacan por concentrar el 51% de emergencias relacionadas con libadores. Este porcentaje corresponde a 48 136 de un total de 95 040 personas que gustan del alcohol.
El ECU-911 ha recibido un promedio diario de 180 alertas por libadores en Guayaquil, mientras que en Quito promedian 136. En Cuenca y Machala, las cifras baja a menos de 50 cada una.
Este tipo de emergencias ocurren en viviendas o fiestas, pero también la entidad capta con sus cámaras a quienes están bebiendo en espacios públicos. En este último caso, por ejemplo, en Quito, tiene una sanción del 50% del salario básico, es decir, USD 200.
Desde mediados de mayo pasado, tanto en Guayaquil como en Quito, el número de consumidores de licor se ha triplicado. Justamente, ambas ciudades lideran la lista de cantones con mayor contagio de covid-19 en el país con 11 645 y 10 967 casos positivos, respectivamente. Incluso, el Puerto Principal apenas supera a la capital en 678 casos positivos, según los registros de hoy, 20 de julio del 2020.
El consumo de alcohol se ha mantenido e incrementado, pese a los contantes llamados de las autoridades, como Juan Zapata, director del ECU-911, quien ha advertido que este tipo de hechos amplifican la posibilidad de contagio. Entre los factores agravantes está que estas personas toman el licor con un mismo vaso.
Los sectores con más emergencias por libadores en Quito se encuentran en el sur, principalmente, en la Ferroviaria, Solanda, Chilibulo, San Juan, Guamaní, La Ecuatoriana, entre otros; mientras que en el centro está San Juan, Centro Histórico y el Panecillo. En el norte el foco principal es Calderón.
De acuerdo con las estadísticas, de los 221 cantones del país hay 20 que son los más problemáticos por ingesta de alcohol y de estos 13 son del litoral.
Debido a los controles durante la pandemia, este problema se ha evidencia aún más, sin embargo, Ecuador está entre los países con un alto consumo de bebidas alcohólicas.
Euromonitor Internacional cuenta con una estudio sobre el consumo de bebidas, como cervezas, licores, vinos, sidras y RTD (listas para beber) que se realizó en 2019. En la región, Ecuador se ubicó en sexto lugar con un consumo de 32,7 litros por persona.
Entre el 2014 y el 2019, las ventas subieron de USD 2 096 millones a 2 745,4 millones, es decir, un crecimiento del 31%, aunque en volumen (litros) se dio un descenso de 3,6%.
Las fiestas clandestinas se han multiplicado…
Pese a que se prohibió cualquier tipo de reunión social mientras dura la emergencia sanitaria, incluso, en cantones con semáforo en verde, al parecer esta medida resulta difícil en algunos cantones.
Nuevamente Guayaquil encabeza la lista, luego está Esmeraldas, Quito, Manta y Santo Domingo. Estas ciudades concentran el 51% de alertas por farras, que no deberían realizarse para mantener el distanciamiento social y evitar el contagio.
En los cuatro meses de pandemia hay 11 115 emergencias por fiestas clandestinas. Esto significa 88 alertas diarias, en promedio.
Este tipo de fiestas con más de 10 personas, música y licor, se han incrementado con el paso del semáforo rojo a amarillo. En Guayaquil, por ejemplo, se dan en sectores, que coinciden, que tienen alto número de contagiados de covid-19, como las zonas del sur de la ciudad.
En Esmeraldas, Manta, Santo Domingo también es común que se reúnan en las puertas de las casas a beber y bailar.
En Quito, la cantidad de fiestas se dan más en el norte: Calderón, Kennedy, Jipijapa, Iñaquito, entre otras, y en los valles de Tumbaco y Cumbayá. Quienes incumplen la prohibición de fiestas pueden ser sancionados con la pena privativa de libertad de uno a tres años.
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