En el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, ubicado en El Inca, hay “condiciones de hacinamiento”. Así lo señaló el coordinador de la Veeduría Internacional al proceso de reforma judicial en Ecuador, Baltasar Garzón.
Esa aseveración la hizo al concluir su visita de tres horas a la cárcel de mujeres. Junto a él permaneció el argentino Víctor Foressi. Él es representante del veedor internacional Rafael Follonier.
Los recorridos de Garzón por las prisiones se producen precisamente cuando horas después en dos de ellas hubo problemas. Por ejemplo, tres personas fallecieron en una riña registrada en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) el sábado pasado.
[[OBJECT]]La Policía no descarta que los motivos de los enfrentamientos sean por el liderazgo en la venta de drogas en los pabellones.
Otro hecho de violencia se reportó anteayer en la cárcel de Santo Domingo. En el bloque B, de mediana seguridad, hubo una riña entre internos. Un preso recibió seis puñaladas.
Un guía que trabaja en ese lugar dijo que la pelea supuestamente se dio entre dos bandas que se disputan el dominio del bloque.
El español no solo visitó los pabellones nuevos de la cárcel de mujeres de Quito, sino también los antiguos. Allí dijo haber constatado que el sitio no cumple con los estándares internacionales que requieren los centros penitenciarios para funcionar. Frente a esta situación, el ex juez solicitó que los problemas sean “solucionados de inmediato”.
No es la primera vez que la cárcel de mujeres de Quito es señalada. A inicios de agosto, las reclusas protagonizaron un intento de amotinamiento. El hecho se dio tras la muerte de Diana Bonkovska, de Lituania, quien fue hallada en su celda y su cuerpo no mostraba ningún tipo de golpe, según el Ministerio de Justicia.
El incidente provocó que las internas protestaran y se reunieran con delegados de esa Cartera de Estado. En una cita que duró cinco horas aproximadamente, el comité de internas y los funcionarios lograron acuerdos en cinco puntos: prelibertades, agilidad en los trámites para la rebaja de penas por méritos, seguridad, salud y asuntos administrativos.
Según el Ministerio de Justicia, en el país existe una población carcelaria de 17 958 personas. De ellas, el 91,72% es de sexo masculino y el 9,7% corresponde a extranjeros aprehendidos por tráfico de estupefacientes.
Para César Duque, asesor legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la población de presos sobrepasa la capacidad de las cárceles porque estas solo pueden albergar a 10 000. “Hay un exceso de 7 958 reos”.
Pese a las críticas, Garzón rescató el estado y los servicios de la guardería implementada en la cárcel de mujeres en Quito.
Al comparar la situación del centro de rehabilitación social femenino de la capital con la visita que hizo a las penitenciarias de Guayaquil y Cuenca, el jurista español dijo que en estas últimas se observan mejoras en el tratamiento a la población carcelaria.
De hecho, el Ministerio de Justicia informa en su página web que ha invertido USD 10,4 millones en Cuenca. En Guayas se entregaron USD 13 millones para la construcción del Centro de Rehabilitación Regional. Para la adecuación y equipamiento de centros de detención provisional se han destinado USD 4,2 millones (ver cuadro de cifras adjunto).