Luego de que el Consejo de la Judicatura anunciara que la selección de nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional iniciaría en mayo de 2022, se conoció los parámetros que se utilizarán en este concurso público.
A través de este proceso, que está previsto que concluya en octubre, se designarán seis jueces nacionales. También se prevé escoger a 13 conjueces.
Actualmente, la Corte Nacional de Justicia está incompleta luego del último concurso realizado en 2020, cuando no se logró llenar todas las vacantes.
Desde entonces, de los 21 jueces titulares que debe tener el alto Tribunal, solo hay 15, faltan seis. Y de los 21 conjueces titulares, solo hay ocho, faltan 13.
¿Qué parámetros se usarán para escoger a los magistrados?
Los postulantes deben superar cinco fases de selección: méritos, prueba psicológica, oposición, audiencia pública e impugnación ciudadana.
- Méritos: Allí se validará y calificará la formación académica, capacitación y experiencia profesional de los aspirantes. Esta etapa vale 50 puntos.
- Prueba psicológica: Los postulantes se someterán a una evaluación psicológica clínica. El objetivo es comprobar que no presenten cuadros psicopatológicos, fobias, traumas o complejos que les impida cumplir con sus funciones.
- Oposición: En esta fase, los aspirantes deben superar una prueba teórica y una práctica.
- Prueba teórica: Es una evaluación que valorará su nivel de conocimientos técnicos, habilidad para resolver conflictos y su capacidad analítica. Vale 20 puntos.
- Prueba práctica: Evaluará las competencias técnicas, capacidad analítica y aplicación de conocimientos para resolver causas. Esta prueba consistirá en la simulación de audiencias de casación y resolución. Esta valdrá 30 puntos.
Según el reglamento que expidió la Judicatura, el puntaje mínimo que los postulantes deberán obtener para aprobar el concurso público es 80/100.
Quienes hayan superado esas etapas también deben comparecer a una audiencia pública en la cual presentarán su motivación y justificación para trabajar en la Corte Nacional.
Adicionalmente, los ciudadanos pueden presentar impugnaciones contra los aspirantes, es decir pruebas que demuestren que tienen algún impedimento para ocupar los cargos.