Este miércoles 2 de diciembre del 2020, se cumplen seis años del asesinato de José Isidro Tendetza Antún. El dirigente indígena fue hallado sin vida en el río Zamora. Foto: Cedhu
Hoy, miércoles 2 de diciembre de 2020, se cumplen seis años del asesinato de José Isidro Tendetza Antún. Su muerte sigue en impunidad y su familia espera que el Estado aclare qué pasó con el dirigente.
Tendetza, de nacionalidad Shuar, era síndico de la comunidad Yanúa Kim, vicepresidente de la Asociación Shuar Kakaram y exdirigente de la Asociación Shuar de El Pangui.
Tenía 49 años cuando su cuerpo apareció sin vida, flotando en el río Zamora, cerca del puente peatonal de Chuchumbletza, en la zona de influencia del proyecto minero Mirador, en el sur de la Amazonía del Ecuador.
Este hecho se registró el 2 de diciembre del 2014. Para ese momento, el líder shuar tenía cuatro días desaparecido.
Desde entonces las organizaciones civiles Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) impulsan el caso.
Según estos grupos, Tendetza fue asesinado pocos días antes de viajar a Lima, en Perú, para intervenir en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, en el contexto de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En ese foro, el ecuatoriano tenía previsto hacer una presentación sobre las vulneraciones a derechos humanos en el proyecto de minería a gran escala Mirador.
El expediente de la Policía relacionado con el levantamiento del cuerpo reveló que Tendetza estaba maniatado. Fue catalogado como una muerte violenta, pero en ese momento no fue identificado y se lo enterró como NN.
“Si bien en el proceso penal, como resultado de una segunda autopsia realizada al cuerpo exhumado de José Tendetza, se verificó que fue asfixiado y su cadáver arrojado al río; el 9 de mayo de 2016 un Tribunal Penal de Zamora Chinchipe absolvió a dos personas, únicos acusados en el presente caso”, indica la Cedhu e Inredh, en un comunicado.
El 19 de julio de 2016, la Corte Provincial ratificó esa sentencia y la Corte Nacional de Justicia, el 6 de enero de 2017, inadmitió los recursos de casación presentados por Fiscalía y los familiares de las víctimas. Desde entonces, la investigación del caso sigue sin hallar a los responsables.
Los familiares de Tendetza presentaron el 6 de julio de 2017 una denuncia contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tres años después, el 24 de abril de 2020, la CIDH trasladó la denuncia al Estado para que se pronuncie sobre el caso.
Para las organizaciones de derechos humanos, la muerte del dirigente es parte de una serie de hostilidades presentadas entre los miembros de la comunidad indígena y quienes impulsan el proyecto minero.
Por ejemplo, el 12 de mayo de 2014 fue destruida la iglesia y la escuela del Barrio San Marcos, en la parroquia Tundayme, en donde está el proyecto.
Al siguiente año, el 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2015, 31 familias campesinas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) fueron desplazadas y sacadas de sus casas por la fuerza pública.
“Desde el 2017, el Estado ecuatoriano no ha tomado ninguna acción adicional para resolver este caso por lo que los familiares de José Tendetza y las organizaciones que los representan estamos a la espera de la decisión de admisibilidad que tome la CIDH. Así mismo exigimos al Estado ecuatoriano que cumpla con su obligación de investigar y sancionar este asesinato a un defensor de derechos humanos y de la naturaleza”, piden la Cedhu e Inredh.
