Los ministros Ricardo Patiño y César Navas comparecieron el 3 de agosto. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La presencia del Alto Mando militar para que expongan sus informes técnicos sobre las reformas al Issfa se volvió un tema sensible. El caso se trató nuevamente en las últimas horas: la Comisión legislativa de los Derechos de los Trabajadores estableció un plazo de 12 días para tener listo el informe para el debate definitivo.
El tema incluso generó reacciones al interior de Alianza País. El asambleísta alterno del oficialismo, José Torres, propuso que se convoque a los altos oficiales, pues aseguró que “la voluntad de la Comisión no es tratar el tema sin los actores principales”.
Pero antes de seguir con la moción, Torres fue interrumpido por Marllely Vásconez, presidenta de la Mesa legislativa, quien señaló: “No puedo invitarles, porque me vería en un problema, pues después se diría por qué he invitado a unos y no a otros. (…) Yo invito a los representantes (de ellos)”.
En torno al tema incluso se han presentado cuatro acciones de protección en contra de los 11 legisladores de la Mesa, de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; y del ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
Todos apuntan a una presunta violación de derechos por no convocar a los altos representantes militares.
Dos de esas acciones ya han sido negadas. Una se trata el 23 de septiembre y una cuarta llegó a la CIDH, en Washington.
Esta mañana también se entregará a los asambleístas de la Comisión un informe con las observaciones que se presentaron durante las 20 intervenciones que se dieron en el primer debate, del 1 de septiembre.
En ese documento reposan las recomendaciones del asambleísta Ramiro Aguilar, quien solicitó que sea llamado el Alto Mando.
El 22 de septiembre, lo volvió a corroborar. En una entrevista con EL COMERCIO, Aguilar dijo que es necesario que ellos expresen sus puntos de vista, para tener un criterio más amplio de la situación del Issfa. Por ahora, lo que se conoce es que hasta agosto la deuda del Gobierno con esa institución ascendía a por lo menos USD 417 millones.
Los militares en servicio pasivo también tienen temor de una iliquidez luego de que el Gobierno descontara USD 41 millones por los terrenos de Los Samanes. Pero el Gobierno ha manifestado que cada mes ese seguro recibe USD 51 millones.
Los oficiales retirados creen necesario que los mandos digan en la Asamblea lo que está pasando.
Sin embargo, la Presidenta de la Comisión se defiende y asegura que no hay solicitud alguna de los generales para que se les permita asistir a la Asamblea. Pero este Diario accedió a un documento en agosto, en el que el vicealmirante Oswaldo Zambrano, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, explica al ministro de Defensa, Ricardo Patiño que la cúpula uniformada desea acudir a la Comisión para analizar las reformas.
En el tercer párrafo de esa petición, el máximo jefe de las FF.AA. pide a la presidenta de la Mesa legislativa, Marllely Vásconez, que los convoque para exponer los “argumentos profesionales y técnicos, que contribuyan a mejorar en su estructura y contenidos la iniciativa”.
Pero esa solicitud fue negada por Ricardo Patiño, aunque ahora hay más pedidos para que acuda al Mando.