Seis acciones están apiladas sobre el escritorio de Pablo Almeida. Desde el 16 de noviembre, él está encargado de forma temporal del Juzgado Duodécimo Penal. En ese tiempo ha fallado en temas civiles, penales, tributarios, etc.
En el país, el 13% de los cargos de la Función Judicial está ocupado por personal provisional. Es decir, de los 4 500 empleados que laboran en el país, 578 tienen contratos provisionales de entre un día y un año de duración.Entre los funcionarios hay ayudantes, secretarios, analistas y asistentes. Incluso 200 de los 700 jueces que operan en el país son temporales, como Almeida. En Pichincha 44 de ellos trabajan bajo esa modalidad, con ingresos mensuales de USD 2 400 (el juez titular gana USD 3 200 al mes).
El director nacional del CJ, Gustavo Donoso, dice que mientras continúe la etapa de transición (hasta que el Consejo de Participación Ciudadana reestructure a los organismos como la Judicatura), este organismo no puede hacer nombramientos definitivos.
Usuarios como Eduardo Caicedo dicen sentirse afectados por falta de funcionarios titulares. La madrugada del 23 de febrero del 2009, su hijo fue asesinado en el sector de Carapungo (norte de Quito). El caso fue conocido por el Juzgado Décimo de Garantías Penales. Entonces, Luis Mora estaba al frente de esta unidad y emitió la boleta de detención en contra de Jonnathan R.
Pero Mora tramitó la causa solo hasta junio de ese año, pues el 26 de ese mes, la jueza Noemí Santillán asumió el puesto temporalmente y se hizo cargo del juicio. Dos meses después, el 8 de septiembre, Santillán declaró la nulidad del proceso y dispuso la liberación de Jonnathan R.
En octubre, Caicedo presentó ante la Judicatura una queja en contra de Santillán.
Según el CJ, en el 2009 se amonestó a tres jueces y se destituyó a 49. También se suspendió a 46 y se multó a 98. Al menos el 20% de estas resoluciones se originó en quejas de usuarios por cambios repentinos en los dictámenes.
El vicepresidente del CJ, Ulpiano Salazar, dice que “es lógico” que el trabajar solo con jueces temporales “inquiete a los ciudadanos”. El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, es más crítico: “Se han dado casos en que están encargados una semana y revocan uno o dos procesos que ya están juzgados”.
El juez temporal Almeida lo niega. Asegura que en los encargos se realizan, por ejemplo, diligencias señaladas anteriormente, reconocimientos del lugar de los hechos, emisión de boletas de libertad, etc. “Puede haber irresponsabilidad de ciertos (jueces) temporales; uno o dos días (de encargo) en que me pongo a resolver un tema de 10 ó 12 cuerpos. En mi caso no se da, pero no quiero hacerme el ciego. La prensa denuncia ese tipo de cosas”.
Santillán también se defiende y asegura que en el caso de Caicedo los problemas surgieron desde la Fiscalía. “No imputó al verdadero asesino, solo el coautor estuvo procesado. Luego, la Fiscalía viene y acusa a los dos (‘). Actualmente no hay ningún detenido”.
El presidente de los judiciales de Pichincha, Fidel Chiriboga, cree que se debe acelerar los concursos de méritos y oposición, para poder contar con funcionarios titulares. El pasado 7 de febrero, el entonces presidente de la Comisión de Recursos Humanos del CJ, Oswaldo Domínguez, convocó a un concurso para nombrar 252 funcionarios provisionales.
Para crear esos puestos, la Judicatura destinó USD 6 millones, aunque un informe del ente revela que, en total, hay USD 40 millones para otras contrataciones en lo que queda del 2010.
Ese informe también señala que en el 2009, el Ministerio de Finanzas destinó USD 7 millones para crear 160 puestos en la Función Judicial, pero todos provisionales. Según el juez tercero de Garantías Penales, Magno Borja (temporal desde mayo del 2009), no siempre los juzgados tendrán titulares y dice que ellos están en constante preparación académica para despachar las causas. Desde hace un mes, él conoció el caso de Caicedo.