29 de septiembre de 2020 18:15

La CTE en Santo Domingo revisa las denuncias contra agentes de tránsito; 10 fueron notificados con la separación

Los agentes de la Comisión de Tránsito en la provincia Tsáchila tienen el control en las vías estatales y en los baipases que conectan con Pichincha y Los Ríos. Foto: EL COMERCIO

Los agentes de la Comisión de Tránsito en la provincia Tsáchila tienen el control en las vías estatales y en los baipases que conectan con Pichincha y Los Ríos. Foto: EL COMERCIO

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Bolívar Velasco

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La verificación de las irregularidades denunciadas contra agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en Santo Domingo de los Tsáchilas, continúo este martes 29 de septiembre de 2020. Una comisión de la Dirección de Asuntos Internos de la entidad trabaja desde la semana pasada en esta provincia del occidente del Ecuador para esclarecer las presuntas acusaciones.

La CTE fue criticada por su accionar luego de señalamientos presentados por dirigentes de la transportación pesada que hablan de una persecución y sanciones exageradas. Fernando Ortiz, presidente de los transportistas, dijo que los carros son sometidos prácticamente a una revisión técnica vehicular en plena vía.

En esos procedimientos les verifican extintores, botiquín de primeros auxilios, plumas de parabrisas en condiciones aptas, vidrios sin daños… “Se supone que nosotros pasamos cada año una revisión en los centros autorizados. Cómo es posible que nos sometan a otra en la calle”, señaló Ortiz, durante una comparecencia ante el alto mando de la CTE que llegó a la provincia Tsáchila.

Luego de estas declaraciones, la institución del control del tránsito anunció el cambio de la directiva provincial. Armando Freire, el comandante General, informó que el nuevo mando tiene expresas disposiciones para coordinar con el gremio de la transportación y que se hará un seguimiento. También aseguró que el Concejo de Disciplina tomará cartas en el asunto sobre las denuncias.

Washington Díaz, jefe de Asuntos Internos, indicó que hasta el momento se han realizado 10 audiencias que están calificadas como separación de la entidad. Es decir, que los uniformados enfrentan un proceso legal interno que en primera instancia determinó que tuvieron responsabilidad.

El consultor jurídico, Stalin Naranjo, explicó que estos procesos se realizan de acuerdo con el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal que establece faltas, graves, leves y atentatorias.

El artículo 66 de esta norma tipifica la sanción más fuerte como la baja de la institución. En este caso, la misma ley dice que el sancionado tiene derecho a seguir sus posteriores reclamos apegado a lo que señalan nueve artículos que establecen plazos, revisiones, instancias, etc.

Díaz anticipó que la ciudadanía conocerá las decisiones que se tomen cuando los casos de los sancionados finalicen. “Tengan la seguridad de que el servidor que nos hace quedar mal en la vía pública no puede seguir en la institución. La ciudadanía debe enterarse de estas resoluciones que en su momento las informaremos”.

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