Los padres de familia llevaron carteles a la audiencia en la Junta de Protección, ayer 24 de marzo del 2016. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Estudiar arquitectura o ingresar a la Policía. Esas son las dos opciones que Michael M., de 17 años, tenía al terminar el colegio, en tres meses más. Ahora él mira esas posibilidades lejanas, porque teme que los días que ha estado sin clases influyan en sus notas finales u hoja de vida.
Es estudiante del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar y lo involucraron en las violentas protestas del 15 y 16 de febrero pasado. Estuvo suspendido 31 días mientras se realizaba la investigación.
Durante este tiempo, el menor se ha valido de tutoriales en YouTube y páginas web con contenidos educativos para mantenerse al día en sus materias y no retrasarse del resto de sus compañeros.
Su padre, Édison, comenta que la situación económica no le permitió contratar un profesor particular. El miércoles pasado su preocupación aumentó cuando se enteró que su hijo sería reubicado a otra institución fiscal. Fue la medida que dispuso una Junta de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación.
Aplica también para otros siete alumnos. 12 más fueron suspendidos con 30, 20 y 15 días. Se reintegrarán al colegio este 28 de marzo. El proceso de otros dos estudiantes continúa abierto, porque se aceptaron sus pruebas de descargo. La información es del Ministerio de Educación. Este Diario verificó con cada estudiante y hasta ayer 24 de marzo del 2016 cinco alumnos no fueron notificados.
Las sanciones, según ese Ministerio, se dieron tras revisarse los partes policiales de los días de las protestas. También un informe escrito por Segundo Viveros, exrector del colegio; y las pruebas de defensa presentadas por los involucrados en las audiencias ante Ximena Salgado, rectora actual del establecimiento educativo.
Desde la suspensión, el 23 de febrero, los 22 alumnos del Colegio Montúfar que fueron suspendidos debieron asistir cada viernes al centro educativo para recibir las tareas asignadas por sus docentes y que debían entregarlas una semana después.
Para David Q., de 17 años, otro de los alumnos suspendidos, “las tareas fueron excesivas” y complicadas de hacer porque tuvieron menos tiempo que sus compañeros para que les expliquen.
Les asignaban deberes diarios por cada materia, es decir, unos 30 por cada semana para los alumnos de tercero de bachillerato que tienen seis materias en la malla.
Además -sigue el alumno- recibieron clases de nivelación de 40 minutos de cada asignatura los lunes, martes y miércoles de cada semana. “No era suficiente”. En eso coincide Leo T., de 16 años, otro alumno, quien recibió clases particulares, por una hora diaria, para compensar el tiempo.
Según José Brito Albuja, pedagogo y consultor en temas educativos, el impacto en el rendimiento académico de los alumnos luego de la reinserción “va a ser alto”.
Identifica dos factores. Primero -dice- habrá que trabajar en lo psicológico, por la influencia que en los adolescentes pudo causar esta experiencia de sanción y castigo, incluso judicial.
El segundo factor tiene que ver con lo académico, según el especialista. Por haber permanecido sin clases regulares durante un período largo, los alumnos tendrán que igualarse y readaptarse al sistema de enseñanza. Más si van a ir a otro colegio.
En el caso de Michael M., su padre teme incluso por su preparación para los exámenes de acceso a la universidad.
“Esta suspensión afecta mucho al rendimiento poniendo en riesgo incluso la aprobación del año”, dice Brito.
Aunque la Junta de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación enfatizó que las sanciones a los estudiantes no implican la pérdida de año.
Ayer, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos recibió a los 22 alumnos investigados en una audiencia, para esclarecer si con las sanciones se vulneraron los derechos de los adolescentes. Hasta las 17:20 la cita continuaba en esta entidad.
Augusto Espinosa, ministro de Educación, reconoció por la mañana en otro acto que los alumnos podrán acercarse a la Subsecretaría de Quito para apelar las sanciones. Y volvió a desconocer lo actuado por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. Según él, “no tiene competencia”.
En contexto
Los procesos disciplinarios para los 22 alumnos del Colegio Montúfar se abrieron por un pedido de Ximena Salgado, rectora de la institución. Y la sanción se estableció en base a lo estipulado en el art. 34 de la Ley de Educación Intercultural (LOEI).
