El momento en el que los asambleístas del correísmo, Esther Cuesta y Augusto Espinosa, abandonan la Comisión. Foto: Roger Vélez/ EL COMERCIO
Solo falta un paso para que Ecuador sea el sexto país en salir de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Todo depende de que la Asamblea lo autorice con una mayoría absoluta (70 votos), de acuerdo con el artículo 419 de la Constitución y con un dictamen previo vinculante de la Corte Constitucional.
Este lunes 1 de julio del 2019, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, encargada del trámite, se reunió para analizar el borrador del informe que deberá ser discutido por el Pleno.
El asambleísta Fabricio Villamar (Creo), uno de sus integrantes, elevó a moción recomendar la denuncia del tratado que fue suscrito por Ecuador en 2008. Eso fue aprobado por siete de los 12 integrantes de la Comisión, que fueron convocados este martes para una nueva sesión con el propósito de aprobar el informe definitivo que será remitido al pleno.
La decisión se tomó en ausencia de cuatro asambleístas del correísmo que forman parte de la mesa y que se retiraron de la sesión como una muestra de su desacuerdo de autorizar la salida del organismo, con el argumento que se atentaría contra la integración regional.
“Yo no entiendo por qué tenemos tanta prisa por resolver este tema. No hay plazos que se hayan vencido hasta el momento. Nosotros no vamos a avalar un proceso ilegal”, dijo Augusto Espinosa antes de retirarse con sus colegas de la Revolución Ciudadana: Joffre Poma, Lexi Loor y Esther Cuesta.
La Comisión no se quedó sin quórum y continuó con el tratamiento del tema, debido a que el resto de sus integrantes permaneció, entre ellos Fafo Gavilánez, el único representante de AP. Esta instancia de la Asamblea es controlada por cuatro legisladores de Creo y dos del Bloque de Integración Nacional (BIN), que además ocupan la presidencia y vicepresidencia de la Comisión.
El titular de la mesa legislativa, Fernando Flores (Creo), manifestó que comparte la decisión del Gobierno de apostar por otros organismos como Prosur, una iniciativa que impulsan Colombia y Chile.
A la postura de los asambleístas de Creo y el BIN se unió Denis Marín (PSC).
Si esa posición se mantiene para su aprobación en el Pleno, y si el bloque de los 40 legisladores de (AP) también lo apoya, la salida se concretará en septiembre.
Hasta que eso ocurra, el Estado ecuatoriano deberá cumplir con sus aportes. De acuerdo con la Cancillería, hasta el momento se adeuda a Unasur USD 374 357 por este concepto. El rubro corresponde a los años 2017 y 2018.
Antes de la discusión del borrador del informe, la Comisión de Relaciones Internacionales tenía previsto recibir al exsecretario de Unasur, Ernesto Samper, pero no acudió.
Samper adujo que “lastimosamente la invitación (le) llegó muy tarde” por parte de Cancillería. Este fue otro de los argumentos de los legisladores del correísmo para abandonar la sesión de la Comisión.
El embajador Diego Morejón, coordinador de asuntos internacionales de la Asamblea, explicó que la invitación se la hizo a través de la Cancillería y que, a su vez, esta remitió el oficio a la Unasur debido a que suponía la erogación de gastos de viaje.
Según el asambleísta Fernando Flores, al también expresidente colombiano se le dio la opción de comparecer mediante videoconferencia, pero no aceptó. En su lugar, Samper remitió una misiva en la cual sostuvo que la decisión de retirarse de esta organización tiene algunos costos.
Entre ellos pidió medir el impacto de prescindir del permiso de trabajo temporal otorgado por Unasur para los países miembros y que beneficia a más de 3 000 000 de personas.
Además, el “impacto social de acabar con las negociaciones de compras conjuntas de vacunas infantiles y con los beneficios del Banco de precios de medicamentos”, así como temas en materia de comercio regional, gestión de riesgos, entre otros.
Al cierre de esta edición, la Comisión de Relaciones Internacionales analizaba incluir en el informe las observaciones remitidas por Samper, antes de someter el documento a votación de los legisladores.
En el documento borrador se recogen los aportes presentados, el pasado 12 de junio, por el coordinador jurídico de la Cancillería, Gonzalo Salvador Holguín, durante una comparecencia a la Comisión.
Samper argumentó que la denuncia del tratado de Unasur “obedece al esquema rígido en la toma de decisiones, el mismo que llevó a una virtual parálisis del organismo aunado a las diferencias políticas de la región; que impidieron, entre otras cosas, la posibilidad de un Presidente y de un Secretario General”, desde que renunció en el 2017.