2 de marzo de 2021 00:00

El rechazo de Ley compromete el desembolso del FMI previsto para abril

Imagen referencial. Argentina vive una crisis económica debido a las repentinas devaluaciones de la moneda y la alta inflación. Foto: Pixabay

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Reds. Negocios y Política

El primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en este 2021 es de USD 400 millones y debía darse en abril próximo, con la aprobación de la ley de defensa para la dolarización en la Asamblea.

Pero ahora la entrega de esos recursos está en espera. Este lunes, 1 de marzo del 2021, con cuatro votos a favor (de siete asambleístas), el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió negar por segunda ocasión el proyecto. El texto fue devuelto al Ejecutivo, el 10 de febrero pasado, por errores de forma; y el lunes 1, por considerar que es inconstitucional.

El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que no es competencia de la Asamblea decidir sobre la constitucionalidad de un proyecto, pues eso le corresponde a la Corte Constitucional. Opinó que el texto debía se debatido y no “rechazado de entrada”.

El funcionario anunció que “se insistirá, las veces que sean necesarias, en el proyecto de Ley para defender la dolarización”, aunque no dio una fecha para el reenvío.

Las elecciones y la falta de aliados, incluso de la propia Alianza País (AP), impiden que las propuestas del Ejecutivo tengan cabida, a menos de tres meses de que termine el mandato. Elizabeth Cabezas, de AP y exvicepresidenta de la Asamblea; Homero Castanier, de Creo; y Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana, reconocen esta realidad.

“Cuando hay elecciones, y cuando hay este tipo de decisiones difíciles, nadie quiere estar muy cercano porque saben que el Gobierno está de salida”, dijo Cabezas.

La decisión en el CAL se dio con los votos del presidente de la Asamblea, César Litardo, Ana Belén Marín y Carlos Cambala, todos del oficialismo. Marín argumentó que el texto tenía varios problemas de constitucionalidad, aunque Cristina Reyes, otra de las vocales del CAL, consideró que el texto sí debía ser tramitado.

Para Aguiñaga, es obligación de todo servidor público apegarse a la Carta Política.

Si los recursos del FMI no llegan, la operación del siguiente Gobierno se complicará. Las necesidades fiscales iniciales ya eran de USD 8 000 millones para este año, pero pueden llegar a USD 10 000 millones, si se suman atrasos del año pasado y otros gastos pendientes.

Aunque el plan con el FMI fijó metas fiscales y 12 compromisos cualitativos, la aprobación de la reforma sobre la dolarización era uno de los dos puntos calificados por el FMI como “prioritarios”. El otro era la Ley Anticorrupción, que ya fue aprobada en la Asamblea en el 2020.

De hecho, el fortalecimiento de la dolarización es uno de los pilares del plan con el ente.

Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, es prematuro decir que puede caerse el programa con el multilateral, aunque es de esperar que no lleguen los USD 400 millones previstos para abril, y se pondrían en espera los siguientes desembolsos, hasta ver qué decide el próximo Gobierno.
Siobhan Morden, estratega de renta fija para la región del bróker de inversiones Amherst Pierpont Securities, coincide en que el desembolso del FMI de abril está en riesgo.

Ella cree que la reforma al Central es uno de los compromisos más importantes que asumió el Estado con el FMI. “Será difícil para la próxima administración renovar las relaciones con el Fondo, sin comprometerse con un Banco Central independiente”.

Dijo que si el FMI no otorga una exención, esto compromete el acceso a otros multilaterales y a crédito externo.

El ministro Pozo prefirió no anticiparse a comentar sobre el futuro del programa. “Si se da un nuevo rechazo, veremos qué hacer. Del lado del Gobierno no ha faltado. Parece que en la Asamblea no se entiende que lo que se hizo antes (tomar el dinero del Central para financiar al Fisco) estuvo mal”.

Para Diego Borja, exministro de Finanzas y quien dirige el movimiento Frente del Poder Ciudadano, que apoya al candidato Andrés Arauz, hay espacios de negociación con el FMI. “Un multilateral no puede obligar a uno de sus miembros a aprobar leyes que van en contra de la Constitución”.

Según Augusto de la Torre, asesor del Gobierno, es posible que el Fondo entienda la situación política y prefiera ­posponer la revisión de abril hasta que se aclare el pa­norama político.

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