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Empresas internacionales visitarán Quito para hablar sobre inversiones en transporte público eléctrico

Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Taller en el que participaron representantes de la Secretaría de Movilidad, Metro de Quito y de Transporte de Pasajeros sobre el proyecto de ordenanza de estructura y política tarifaria para el Sistema Integrado de Transporte Público. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Al menos 10 de 30 empresas invitadas confirmaron su asistencia a una reunión convocada por la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito para el 17 de diciembre.

Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, se trata de operadoras de transporte, fabricantes de buses e inversores que están interesados en trabajar en la capital, dentro de los planes para implementar un modelo de electromovilidad en el transporte. Estas podrían invertir en la potenciación del sistema municipal o aliarse a las empresas privadas que prestan el servicio.

Lo anunció este martes 3 de diciembre del 2019, en un taller en el que participaron representantes de esa Secretaría y las empresas Metro de Quito y de Transporte de Pasajeros sobre el proyecto de ordenanza de estructura y política tarifaria para el Sistema Integrado de Transporte Público.

Actualmente, ese proyecto está en manos de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito. Una vez que esta entregue su informe, el documento deberá pasar por dos debates para ser aprobado y entrar en vigencia.

Uno de los puntales del proyecto es la condición de que se rescindan los actuales contratos que la ciudad tiene con las operadoras de transporte y que se firmen nuevos. Si alguna cooperativa decidiera no cumplir con este y otros requisitos, las firmas internacionales invitadas podrían incluso optar por operar unidades directamente en Quito.

Los nuevos contratos, explicó Abad, le darán a la autoridad la capacidad de controlar a las operadoras. Con el modelo actual, hay trabas para temas como reestructurar rutas y frecuencias. Ahora solo existen dos causales para revocar un contrato: paralización del servicio e incremento en la tarifa.

El contrato permitirá sancionar el incumplimiento de los parámetros de calidad que constarán en el documento. Y el siguiente paso sería subir la tarifa de 25 a 35 centavos, pero una vez que se haya cumplido con requisitos como los nuevos contratos, la instalación de sistemas de georeferenciación y la implementación de modelos empresariales de operación.

Actualmente, si una cooperativa tiene 100 socios, cada unidad se convierte en una microempresa y eso resta eficiencia a la operación y encarece los costos, señaló Abad.

Los contratos vigentes en la actualidad, dice Abad, son “un permiso disfrazado de contrato”. El proyecto plantea la creación de un Comité de Usuarios, conformado con representantes de las universidades, expertos en movilidad y gente de organizaciones ciudadanas que trabajan en esa temática. Este Comité será el que reciba las quejas que los usuarios enviarán con soportes audiovisuales por medio de una ‘app’. Sus miembros podrán evaluar los incumplimientos reportados por los usuarios y sugerir una sanción.

Abad señaló que ahora existen los parámetros para medir la calidad, pues estos constan en las leyes, pero sin un contrato con todas las herramientas jurídicas necesarias, no se puede establecer una metodología efectiva para el control.

Hidalgo Núñez, del Metro de Quito, explicó que existe una valoración inicial de 80 centavos por transportarse en alimentadores y conectarse con el Metro, pero aclaró que esa no será la tarifa, sino que esta la fijará el Concejo.

El funcionario dijo que el Metro empezará a operar en octubre del 2020 y que los 80 centavos son una referencia de costo asociado, pero que si varía la demanda, también varía la estructura de costos.

Una de las proyecciones de la demanda al inicio de la operación es de 315 000 pasajeros al día en todo el sistema de transporte que se integra con el Metro y 100 000 pasajeros solo en este último.