12 de julio de 2019 19:35

Más de 100 refugiados que pernoctaron en la calle Whymper ahora se instalaron en la Plaza Quitumbe, en el sur de Quito

Las personas que piden ser trasladadas fuera de América Latina como parte de un proceso de amparo o asilo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Las personas que piden ser trasladadas fuera de América Latina como parte de un proceso de amparo o asilo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Diego Bravo

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La Plaza Quitumbe, ubicada junto a la Plataforma Gubernamental, en el sur de Quito, se convirtió en el nuevo sitio donde acampan a la intemperie más de 100 refugiados colombianos que a inicios de este mes fueron retirados de los exteriores del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (Acnur), ubicado en la calle Whymper y Coruña, en el norte.

El pasado 4 de julio, las autoridades ecuatorianas los reubicaron durante un operativo desplegado en horas de la madrugada. Euclides Mantilla, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, informó que en la incursión participaron efectivos de la Unidad Antimotines (UMO), Dinapen, Inteligencia y la Policía Judicial, así como personal de la Intendencia de Pichincha. También agentes metropolitanos, servidores de la Agencia Metropolitana de Control, Inclusión Social, agentes civiles de tránsito y bomberos.

En esa fecha se retiró a 79 personas, 49 eran adultos y 30 infantes. Al sur de la urbe fueron trasladados 39 y 40 al norte. Ausberto G., quien afirma ser el representante de los refugiados, aseguró hoy, viernes 12 de julio del 2019, que ahora son 112 (47 niños y el resto adultos) las personas que piden ser trasladadas fuera de América Latina como parte de un proceso de amparo o asilo.

refugiados quitumbe


Argumenta que son perseguidos, en Ecuador, por grupos armados de su país y que no cuentan con seguridades para vivir en la región.

Permanecieron dos semanas en los hostales del norte y sur de la ciudad -indicó el dirigente- y luego salieron de allí. “Eran zonas rojas y el mismo gobierno sabe que había inseguridad”. Acota que los vecinos de allí los recibieron de forma agresiva.

A las autoridades ecuatorianas les preocupa el número de niños que se encuentran en el grupo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

A las autoridades ecuatorianas les preocupa el número de niños que se encuentran en el grupo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

“Queremos que Acnur y el Gobierno se junten, compren los boletos (de avión) y que nos saquen urgentemente a un país que nos acoge. Este se ubica en Europa y se llama Suecia. Inmigración ya nos tiene la carta de respuesta a dónde nos van a recibir”, dijo Ausberto.

Tras instalarse en la Plaza Quitumbe, los refugiados aseguraron que no se van a mover hasta que su situación se resuelva. “Aquí están las entidades que les compete el tema de las familias refugiadas. Aquí estuvimos ayer para exigir que se reúnan y se arregle el problema”.

Desde ayer, los refugiados colombianos llegaron con su ropa, cobijas y utensilios de cocina. Los niños se acomodaron sobre el césped para jugar con pelotas.

Un grupo de policías nacionales los custodia. También hay personal de la Cruz Roja y agentes metropolitanos. Eso ocurría mientras los colombianos se instalaban sobre el césped; se quejaban de que el frío es intenso por las noches.

Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión Social, manifestó que se ha realizado un acompañamiento con un operativo que resultó exitoso a inicios de julio. “Nos preocupa porque hay muchos niños”.

Personal de la Cruz Roja Ecuatoriana llegó a lugar para conocer la situación de salud de los refugiados. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Personal de la Cruz Roja Ecuatoriana llegó a lugar para conocer la situación de salud de los refugiados. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO


Al sitio llegó Gissela Chalá Reinoso, presidenta del Consejo de Protección de Derechos y vicealcaldesa del Distrito Metropolitano. Informó que la tarde de hoy se realizará una reunión para tratar el tema.

La concejal Chalá, junto a Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección, difundieron hoy viernes un comunicado en el que muestran su preocupación por la situación de los refugiados colombianos.

“En la madrugada del 4 de julio, mediante un operativo policial, estas familias fueron retiradas del espacio público y llevadas a dos hoteles de la ciudad. En un inicio este hecho se lo hizo con la finalidad de precautelar la seguridad de las familias -con énfasis a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y otros grupos- sin el debido proceso de acompañamiento por parte del Gobierno Nacional y las instituciones respectivas”, reza la misiva.

“Lastimosamente tras 8 días, y sin que hayan existido acercamientos de Acnur -como comprometió en rueda de prensa- así como del Estado ecuatoriano, para buscar satisfacer las necesidades, estas familias han sido obligadas a salir de estos hoteles. Mediante un operativo desmedido, se han apostado grupos de policías antimotines en espacios claves para evitar que las familias continúen con su protesta”, señaló el Consejo.

La Plaza Quitumbe, ubicada junto a la Plataforma Gubernamental, se convirtió en el nuevo sitio donde acampan a la intemperie más de 100 refugiados colombianos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Plaza Quitumbe, ubicada junto a la Plataforma Gubernamental, se convirtió en el nuevo sitio donde acampan a la intemperie más de 100 refugiados colombianos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO


La entidad también está preocupada por la noticia difundida en redes sociales que señala que en uno de los hoteles donde se hallaban los refugiados, una niña habría sido víctima de una tentativa de violación.

En ese sentido, el Consejo exhortó a la Acnur a que responda de manera efectiva y rápida a las demandas de cada una de las familias retiradas de los hoteles; que se cumpla con los mecanismos de protección que la población desplazada por la violencia requiere, más aún cuando estos son parte de Acuerdos Internacionales.

También el Consejo solicita al Estado ecuatoriano, particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores -en calidad de rector de la política de movilidad humana- a que implemente acciones concretas que permitan la aplicación eficiente de los principios de protección a la población refugiada.

Además, pide que la Fiscalía del Estado inicie una urgente investigación sobre el presunto delito de tentativa de violación que ha sufrido una de las niñas de estas familias y “que se le pueda brindar a ella y a su familia toda la protección y apoyo que el caso amerita hasta llegar a establecer y sancionar a los autores de este delito”.

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