Redacción Guayaquil
La registradora Mercantil de Guayaquil, Norma Plaza, remitió una carta a la Asamblea con reparos al proyecto de Ley del Sistema de Registro de Datos. Aquí expone su postura.
HOJA DE VIDA
Norma Plaza Aray
En lo académico. Es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales y Juzgados de la República.
En lo profesional. Es Registradora Mercantil de Guayaquil desde 2002. ¿Por qué se opone a la Ley de Registro de Datos?
No me opongo a la Ley, sino a la forma en la que está concebida. Primero mandaron un proyecto bastante bueno que hablaba de un Sistema Nacional de Registros Públicos, pero luego omitieron la última palabra y eso implica un peligro para la ciudadanía.
¿Por qué un peligro?
El Estado tiene derecho a tener acceso a la información que sea pública. Pero no tiene derecho a poner en registros públicos información que es propia de la vida íntima de los seres humanos.
Pero el Estado ya tiene acceso a información privada.
Es que entre los registros públicos del proyecto están los registros civiles, de la propiedad inmobiliaria y mercantiles, de la propiedad intelectual, de vehículos, de buques y aeronaves. En esa definición está la palabra societario. En la Superintendencia de Compañías hay compañías anónimas. Pero con ese cambio se terminan las compañías anónimas y por ende la inversión.
Usted dijo a la Asamblea que el riesgo es que los datos privados sean de fácil acceso.
Lo que se está haciendo es unir a todos los registros en una sola Ley. Y la propia disposición transitoria manda varias leyes para los distintos registros y eso es una violación a la Constitución. Y al momento en que todo esté conectado y con un simple botón acceder a nombres, edad, patrimonio, las personas pueden ser víctimas de secuestradores, chantajistas, narcotraficantes… Eso es un riesgo.
¿Qué propone usted?
Como dice el articulista Nicolás Parducci, se debe definir qué son datos públicos y qué son datos privados. En el proyecto no se definen. Es simplemente eliminar y hacer las interconexiones por materias de los registros para tener un control de la información pública.
¿Usted cree que en el sistema ecuatoriano habrá discrecionalidad en el tema?
Exacto. El artículo 66, numeral 20, menciona el derecho a la intimidad y cómo resguardarla. En otras partes como en España, para pedir algo se debe decir quién es y con qué fin se requiere la información. Y con ese certificado se controla el uso de los datos.
¿Se puede llevar un control?
Recuerde que cuando se iban a hacer las declaraciones patrimoniales se dijo que serían totalmente reservadas. Que solamente unas pocas personas manejarían la información y no sería pública. Pues ahora van a poner las declaraciones patrimoniales a consideración pública. Esto es una ‘ley vitrina’, nos van a exponer para hacernos lo que les da la gana, para extorsionarnos y ser presas de los delincuentes. Hay ejemplos en Guayaquil.
¿Cómo cuáles?
Se cuenta que en la vía a Samborondón hay dos empresarios que están amenazados con secuestros si no entregan una cierta cantidad de dinero. Y los señores, aterrorizados, viven metidos en sus casas. Eso también ocurrió en épocas de opresión en el país.
¿En qué épocas?
Yo me acuerdo que me contó un médico que en la época de la dictadura, los militares querían la ficha médica de Assad Bucaram. Incluso se la pidió el Subsecretario de Gobierno de la época, que era su compadre. Él le dijo que no. Y destruyeron su oficina y robaron el documento. Ahora no necesitan romper despachos ni robar documentos porque van a tener el acceso a toda nuestra información íntima en un solo lugar. Usted cree que es justo vivir así. Hay que denunciarlo antes que se apruebe la Ley, este martes.