Madrid, DPA
El ayuntamiento de la localidad catalana de Vic dio hoy marcha atrás en su controvertida intención de dejar de empadronar a los inmigrantes sin papeles, un día después de que un informe de la Abogacía del Estado español decretase que la iniciativa es ilegal.
El alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d`Abadal, de Convergencia i Unió (CiU), manifestó que “acata aunque no comparte” el dictamen de la Abogacía, y pidió al Estado ayudas económicas para las localidades con una tasa alta de inmigrantes.
El ayuntamiento pretendía aplicar al empadronamiento el criterio que el Estado utiliza para permitir la entrada a España de extranjeros de fuera de la UE. Así, de exigir como en el resto de España el pasaporte y algún documento que acredite la residencia en el municipio, Vic pretendía pasar a exigir un visado, un permiso de trabajo o uno de residencia, documentos todos de los que carecen los inmigrantes sin papeles.
La inscripción en el padrón es necesaria para poder acceder a servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación, lo que significa que los inmigrantes sin papeles tendrían dificultades para recibir asistencia médica o formativa si no pudieran empadronarse.
Según los datos del propio consistorio, los inmigrantes sin papeles son el dos por ciento de quienes viven en Vic, donde una cuarta parte de sus 38 000 habitantes es de origen inmigrante. Las reacciones a la marcha atrás de Vic no tardaron en llegar desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que criticó desde el principio la iniciativa del consistorio catalán.
“Espero que esta polémica pase y me congratulo y me alegro si efectivamente el alcalde da un paso atrás en esa pretensión”, manifestó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
El propio Zapatero ya advirtió el miércoles de que su Ejecutivo no iba “a permitir que se menoscaben los derechos de las personas”. El alcalde de Vic, por su parte, se defendió hoy de las críticas que ha recibido su equipo de gobierno durante los últimos días. “Vic no es xenófoba, es pionera en el modelo de inmigración”, dijo, antes de reclamar “un orden legal” y el cumplimiento de la Ley de Extranjería.
“Si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta”, manifestó.
La polémica medida no sólo la impulsaba el alcalde de CiU, sino también los concejales socialistas del PSC (el partido hermano en Cataluña del de José Luis Rodríguez Zapatero) y los de la formación independentista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partidos éstos que integran el tripartito que rige el consistorio.
Esa posición causó divergencias con las directivas de sus partidos en algún caso. Los concejales socialistas ya habían anunciado esta mañana que acatarían el informe de la Abogacía del Estado, cuando el alcalde de Vic anunció su intención de dar marcha atrás.
La iniciativa de Vic para negar el padrón a los “sin papeles” reabrió en España el debate y la polémica en torno a la inmigración.
De hecho, el caso de la localidad catalana ha sacado a la luz pública las limitaciones en el empadronamiento que ejercen algunos ayuntamientos gobernados por la derecha, como el madrileño de Torrejón. Y con el debate abierto, formaciones como CiU y el Partido Popular (PP) han vuelto a poner sobre la mesa el tema del control de la inmigración.