29 de julio de 2020 19:06

Contraloría halla irregularidades en compra de 100 000 pruebas PCR del Municipio de Quito para la emergencia

El examen especial a la adquisición de estas pruebas señala cuatro conclusiones, sobre posibles inconsistencias en el proceso de compra.

El examen especial a la adquisición de estas pruebas señala cuatro conclusiones, sobre posibles inconsistencias en el proceso de compra. Foto: Twitter / Municipio de Quito

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Redacción Seguridad

La Contraloría General del Estado halló Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en la compra de 100 000 pruebas PCR para detectar covid-19 que ejecutó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, en abril de 2020.

Hoy, 29 de julio del 2020 se conoció que el informe del órgano de control fue remitido el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado, donde se abrió un expediente por peculado.

El examen especial a la adquisición de estas pruebas señala cuatro conclusiones, sobre posibles inconsistencias en el proceso de compra.

La Contraloría indica que el Secretario Salud de ese entonces, Lenín Mantilla, “no presentó el plan de contingencia solicitado por el Alcalde, a fin de establecer las características de la necesidad”.

Es decir, las pruebas se adquirieron sin haberse definido previamente los objetivos, el número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de los resultados.

Según el informe, en la fase precontractual, cuando se buscaban las ofertas, la Comisión Técnica “no incluyó el análisis comparativo de los ítems y precios ofertados a la Secretaría, que permita establecer adecuadamente el presupuesto referencial”.

El examen especial detectó que al no contar con los precios detallados, los auditores también encontraron que el valor referencial del contrato se estableció a partir de la oferta ganadora.

Es decir, no se tomaron en cuenta a otras dos empresas que también habían ofertado.

“El 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso, se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso” a una empresa “sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes”, concluye la Contraloría.

Según la denuncia de concejales, la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud recomendó firmar con la compañía ganadora, pese a que hizo la oferta más cara.

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