26 de noviembre de 2018 00:00

El precio para fiscalizar Coca Codo Sinclair subió

La Contraloría detectó 7 648 fisuras y microfisuras en los distribuidores de agua, soldaduras de mala calidad y desgaste en los rodetes de las turbinas de la central Coca Codo Sincalir. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La Contraloría detectó 7 648 fisuras y microfisuras en los distribuidores de agua, soldaduras de mala calidad y desgaste en los rodetes de las turbinas de la central Coca Codo Sincalir. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
Redactora (I)

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La fiscalización de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por la Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA, costó casi el doble de lo establecido en el contrato inicial de este proyecto. Según el informe borrador que leyó la Contraloría General del Estado (CGE), que auditó esta obra, se pasó de USD 72,4 millones a 134,7 millones.

La fiscalizadora estuvo encargada de gerenciar y supervisar que Sinohydro construyera Coca Codo en función de lo que establecía el contrato.

El valor final pagado a la Asociación es producto de la suma del contrato inicial, tres complementarios, un convenio de pago y el reajuste de precios. No se incluye el impuesto al valor agregado (IVA).

Solo para los contratos complementarios firmados en junio del 2013, julio del 2014 y noviembre del 2016; y el convenio de pago de diciembre del 2016 se destinaron USD 55,9 millones.

Los ajustes a favor de la fiscalizadora se produjeron porque hubo cambios durante la ejecución de la obra, explicó Marcelo Reinoso, gerente encargado de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair.

Entre ellos constan la contratación de personal adicional para trabajar en turnos diferentes a los establecidos en el contrato. Inicialmente estaba previsto que la fiscalizadora cumpliera con jornadas de ocho horas, pero tras el oficio circular SNA-O-11-0054 del expresidente Rafael Correa se dispuso que las obras públicas se ejecuten las 24 horas.

Por la “falta de planificación” de Sinohydro, la fiscalizadora tuvo también que contratar a más técnicos para que revisen los planos de construcción de la obra y los de ingeniería de detalle. “La cantidad de planos pasó de 5 000 a más de 11 000”, expresó Reinoso.

Esto obligó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que administra esta obra, a destinar un 67% más de recursos para cubrir los costos de personal de la fiscalizadora. No se precisó cuántas personas más se contrataron.

Otros factores que influyeron en el incremento de los costos de la fiscalización, según la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, fue la prórroga autorizada para este proyecto debido a las fallas geológicas que se identificaron. Y las reformas que hizo el Gobierno en el 2016 para la asignación de los recursos, que obligaba a la entidad a solicitar un aval al Ministerio de Finanzas para recibir los montos requeridos.

Esta regulación generó demoras en los desembolsos, por lo que se suscribió un convenio de pago y luego, un tercer contrato complementario para cancelar a la fiscalizadora.

Los USD 134,7 millones pagados a la Asociación significan un incremento del 77% del costo inicial del contrato, firmado el 31 de mayo del 2011.

Para Luis Andrade Polanco, abogado experto en contratación pública, los contratos complementarios de alta cuantía revelan que hubo un “error en los estudios técnicos”. Además, estos superan lo que establece la normativa.

La Ley de Contratación Pública, que regía cuando se firmó este contrato, abría la posibilidad de firmar contratos complementarios hasta por un 70% del monto del valor actualizado o reajustado del acuerdo principal. En marzo del 2017 esta norma fue reformada y se fijó un límite del 15%.

Pero la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair sostuvo que no existe tal incremento, porque para hacer el cálculo se debe considerar el precio final incluido el reajuste de precio.

Con ello, según esta entidad, el contrato de la fiscalizadora asciende a USD 80,7 millones. Por lo tanto, los complementarios representan el 69% de incremento.

Pese a este pago, Reinoso reiteró que el Gobierno no está satisfecho con la labor que hizo la entidad integrada por firmas mexicanas y ecuatorianas. Por esto, ahora la Celec tomará acciones legales.


Según el contrato, la Asociación tenía entre sus responsabilidades fiscalizar técnicamente, en todas sus partes y etapas, la construcción de esta obra hasta que entre en operación. Incluso debía presenciar y verificar las pruebas de los materiales para la fabricación de los equipos principales.

La Contraloría informó que esta central hidroeléctrica, que lleva dos años en operación, tenía hasta el 30 de abril de este año 171 defectos no atendidos por Sinohydro. Entre ellos, 7 648 fisuras y microfisuras en los distribuidores de agua, soldaduras de mala calidad y desgaste en los rodetes de las turbinas de la central.

Este Diario consultó el pasado viernes a ICA, que es parte de la Asociación, sobre este tema, sin embargo todavía no responde.

En contexto

La relación entre la empresa pública Coca Codo Sinclair y la Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA concluyó en abril del 2017. La fiscalizadora recomendó al Gobierno recibir esta obra provisionalmente en el 2016. La entrega definitiva todavía está pendiente.

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