El Ecuador es un país vulnerable, marcado por su naturaleza. Nuestra historia registra inundaciones y deslaves, erupciones volcánicas y un sinnúmero de terremotos. La experiencia vivida por pueblos hermanos como Chile y Haití renueva la urgencia de prepararse.
Si bien todavía hay que pasar de los planes a su concreción, Quito y su Cabildo han reaccionado. Un hecho que se destaca frente a la poca acción desplegada desde las instancias del poder nacional, pese a las demandas y necesidades de amplios sectores vulnerables.
Para el caso de la capital, se formuló un plan de reducción del riesgo sísmico que contempla aspectos como el estudio de la geología, un mapa de uso del suelo y una reubicación de barrios asentados en zonas peligrosas, revisión y reforzamiento de estructuras importantes y tareas de prevención.
Para las edificaciones hay distintos rangos de urgencia. El primero, según expertos, tiene que ver con la calidad de las construcciones. Si nos atenemos a la estadística de que entre 65% y 70% no cumple la norma, hay que empezar aplicando los códigos y ajustando las ordenanzas.
Es prioritario impedir que las construcciones colapsen, garantizar buenas estructuras que permitan salvar vidas y evitar riesgos menores en casos de terremotos fuertes.
Luego, es indispensable una revisión total de las estructuras constructivas de escuelas y colegios que garanticen la supervivencia de estudiantes y que sirvan de albergue a toda la población en casos de catástrofe mayor.
Y lo que no pude fallar -debe ser construido a toda prueba – es la infraestructura hospitalaria, de Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas. Hay que empezar ahora con campañas de prevención.