Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, realizaron este 27 de julio un recorrido por el Centro de Mando y Control Electoral, que funciona en las instalaciones del exComisariato del Ejército, Cossfa. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno, dijo este miércoles 27 de julio del 2016 que en cuanto lleguen a secretaría los documentos sobre una denuncia en contra de Alianza País por supuesto uso de fondos públicos en actividades proselitistas, se hará lo que manda la ley.
Según Baca Mancheno, pese a tener una muy buena relación con los miembros del Consejo Nacional Electoral se enteró por los medios de comunicación que la entidad tomó una resolución de enviar la denuncia que hiciera la Unidad Popular al Tribunal.
Las declaraciones las hizo durante un recorrido por el Centro de Mando y Control Electoral, que funciona en las instalaciones del exComisariato del Ejército, Cossfa. Ahí estuvo también el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo.
Este último aclaró que la resolución se tomó durante una reunión del Pleno en Guayaquil, el martes 26 de julio, y que se enviaría la documentación a la brevedad posible al Tribunal.
Baca Mancheno explicó que los documentos deben ingresar al Contencioso a través de Secretaría, luego el proceso entrará a sorteo para que un juez lo tramite. La Unidad Popular presentó la queja por la participación de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, los asambleístas Bayron Valle y Mónica Brito y la concejala de Guayaquil, Lídice Aldás en una jornada de carnetización de Alianza País en el mismo sector donde se llevaba a cabo una feria ciudadana, con entidades públicas.
De momento, el Tribunal no conoce si el proceso es una queja, una denuncia o un exhorto. “Cuando lo sepamos, vamos a hacer lo que manda la Ley”, repitió Baca Mancheno.
Mientras tanto, Aguiñaga dijo en una entrevista con Ecuavisa que su movimiento no ha incurrido en ninguna infracción, puesto que no se ha promovido ninguna candidatura para las elecciones generales del 2017. Recordó que Alianza País tomará definiciones al respecto en octubre próximo.
En otros temas, el presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que, como parte de las tareas en la etapa preelectoral se decidió también enviar oficios a los medios de comunicación que recuerdan que está prohibida la contratación directa de cualquier publicidad que promocione precandidaturas, pero no aquella que difunda principios ideológicos y estatutos de las organizaciones políticas.
También se refirió al proceso de revisión de firmas para la inscripción de nuevas organizaciones políticas. Hasta la noche del 26 de julio, los 100 verificadores que trabajan en jornadas de 07:30 a 18:00, de lunes a sábado, verificaron el 13% de las 2,5 millones de firmas de adhesión y afiliaciones que 45 organizaciones políticas presentaron hasta el 18 de julio.
El Consejo debe completar su revisión hasta el 18 de agosto, para informar cuántas de ellas consiguieron obtener personería jurídica para participar en los comicios del próximo año.
Hasta las 13: 00 de este miércoles 27, la Izquierda Democrática alcanzó la verificación de las 174 199 afiliaciones que necesitaba como requisito para lograr su retorno a la vida política.
El partido celebró este paso, pero Pozo explicó que posteriormente deben emitirse informes técnicos que se juntan con los jurídicos para que el Pleno del Consejo emita una resolución que le otorgue oficialmente personería jurídica a la organización. Mientras tanto, en el país aún existen 13 organizaciones políticas nacionales registradas. Este número podría variar hasta el 18 de agosto.
