Ya sonaba raro que la discusión de la Ley de Comunicación no hubiese caído bajo el parámetro de soberanía en el cual el Gobierno suele enmarcar la mayoría de debates. Pero la posible presencia de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el debate de la Ley en la Asamblea ya motivó proclamas.
Mientras la ex Presidenta de la Comisión vio la posible visita de Catalina Botero como la oportunidad para que ésta “tenga la valentía” de admitir lo equivocada que está sobre las limitaciones a la libertad de expresión en el país; el Presidente de la Asamblea, también de AP, justificó su negativa a invitarla “porque los legisladores ecuatorianos sí tienen la capacidad de hacer la Ley de Comunicación”…
Todo esto frente a un pedido de consenso para escuchar a la experta, quien además ya ha sido invitada en dos ocasiones por funcionarios del Estado… Y ha hecho llegar 13 observaciones sustanciales al proyecto del Gobierno.
En verdad no había de qué sorprenderse. Si el debate no ha incluido ni a periodistas ni a medios privados; si no contará con el criterio del Ejecutivo, quien sin embargo se reserva el derecho al veto; si la Ley obedece a la lógica de aniquilar al “enemigo”; si, en fin, será una ley política antes que técnica o garantista, ¿para qué escuchar voces incómodas?