El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, enfrenta al menos 11 investigaciones penales en el país. Foto: AFP
La Contraloría General del Estado emitió un informe de indicios de responsabilidad penal en contra el expresidente de la República, Rafael Correa, por las declaratorias de los estados de excepción y de emergencia entre el 1 de enero del 2013 y el 24 de mayo del 2017, por un monto de USD 1 140 096. Las conclusiones de este informe fueron enviadas a la Fiscalía.
Según la Contraloría, Correa emitió seis decretos de excepción en el tiempo auditado. Se explica que a pesar de que las emergencias eran de carácter local se promulgaron medidas de alcance nacional, como los estados de excepción por el aumento de actividad volcánica del Cotopaxi y por el terremoto en Manabí.
Tras estas declaratorias, el estado inició una serie de compras de bienes y servicios “eludiendo los procedimientos de contratación pública que garantizan las mejores condiciones técnicas y económicas para las instituciones del Estado, resguardando sus recursos”, dice el documento de la Contraloría.
El documento de indicios de responsabilidad penal destaca que el Ministerio de Agricultura autorizó la adquisición de 188 750 fundas de leche en polvo, por USD 528 000, para los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016.
“La compra se hizo, a pesar de que el Ministerio de Salud solicitó detener las donaciones de leche en polvo y fórmulas infantiles, debido a la escasez de agua limpia y segura”, explica el documento que agrega que no hubo coordinación interministerial para su distribución, por lo que esta contratación no ayudó a superar la emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda no utilizó los “productos de la consultoría de estudios geotécnicos para la evaluación de seis lotes en Manabí, en los cuales se tenía previsto la construcción de viviendas destinadas a las familias damnificadas”. Así, concluye la Contraloría, habría un perjuicio de USD 384 325.
El Ministerio de Turismo, en cambio, contrató consultorías para un “un modelo de gestión para el desarrollo de soluciones temporales de alojamiento a los prestadores de servicios turísticos afectados por el terremoto”. La afectación al Estado fue de USD 227 771.
Además, el Ministerio de Salud contrató la compra de succionadores portátiles, concentradores de oxígeno, y nebulizadores portátiles. Allí, “no se consideró la oferta de menor valor, ocasionando un pago en exceso de USD 89 830”.
Este documento ya está en la Fiscalía, que es el organismo encargado de realizar una investigación que podría determinar un posible proceso penal. El expresidente Correa enfrenta al menos 11 investigaciones penales.
