La Comisión de Fiscalización emitió el informe con la recomendación de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, al concluir la fase de sustanciación, este lunes 13 de febrero del 2023.
La decisión se tomó con cinco votos a favor y cuatro abstenciones. Con ello el expediente será remitido a la Presidencia de la Asamblea para decidir una posible censura en contra del exfuncionario, en cuyo caso dependerá de 92 votos.
Los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova votaron a favor. También el socialcristiano Pablo Muentes y Bruno Segovia, disidente de Pachalutik.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), así como los oficialistas Ana Belén Cordero, Marco Troya y Pedro Velasco se abstuvieron. Cordero aseguró que el informe no recoge insumos de los asambleístas, lo que fue reprochado por Villavicencio.
En el informe se estableció que el exfuncionario incumplió funciones en la represión de las movilizaciones de junio de 2022 y por sus actuaciones en torno al femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.
El expediente unificó las solicitudes de juicio político contra Carrillo que fueron presentadas, por separado, por las correístas Yahaira Urresta y Gisela Garzón; Peter Calo, de Pachakutik; y Lucía Placencia y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática.
Entre las conclusiones del informe, la comisión determina que los enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que se dieron en junio de 2022, revelaron una falta de planificación del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, así como también un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y una falta de consideración por la seguridad de los manifestantes, incluyendo niños, adultos y mujeres.
Discrepancias
Villavicencio dijo que siempre ha defendido la lucha de las organizaciones sociales, “pero lo que vivimos en el último levantamiento tuvo un acto de agresión a la ciudad de Quito”.
Agregó que en el paro de junio 2022 y octubre de 2019, “no solamente quedó en evidencia como una acción de sublevación y políticamente de conspiración en contra del Estado, sino que esencialmente afectó los derechos humanos de la sociedad, en particular de la capital de la República”.
El informe señala que el Ministerio del Interior falló en su obligación de proteger los derechos de los ecuatorianos, al permitir el uso progresivo de la fuerza y el uso de gas lacrimógeno para el desalojo de los manifestantes, según recogió la Asamblea.
Determinó que la Policía Nacional ha ejecutado una requisición a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que ha transgredido la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
Finalmente, sobre el femicidio de la abogada María Belén Bernal, concluye que hubo actuaciones y respuestas tardías.
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