Desde que se inició este ‘nuevo país’, sus líderes revolucionarios posicionaron en el debate público el concepto del abuso y, bajo este estigma, plantearon la urgencia de combatirlo.
La cruzada despertó el respaldo ciudadano mayoritario; las victorias sucesivas de Alianza País así lo demuestran. Eran los días, nos decían, en que los banqueros, la ‘partidocracia’ o la prensa encarnaban esta conducta que por décadas postró al país.
Sobre la idea del abuso se expidieron reglamentos, leyes o se incautaron empresas. Y cualquier reclamo por este proceder era neutralizado en una cadena de televisión.
De esta forma, el ‘nuevo país’ logró poner en cintura a la banca (se contabiliza una docena de leyes, reformas y reglamentos) y convertir al ‘libertinaje’ de los medios de comunicación en verdadera libertad de expresión.
Pero han pasado los años, y así como muchos sectores advierten que el Régimen ha dado un giro pragmático, el concepto del abuso también ha cobrado otra dimensión, hasta alcanzar, poco a poco, a los ciudadanos comunes.
Dos ejemplos para ilustrar esta afirmación. Cuando al asambleísta Mauro Andino, titular de la mesa de Justicia, se le preguntó ¿por qué Alianza País quiere limitar la figura de la acción de protección?, él respondió que era para evitar el ‘abuso’ que algunos abogados hacen de esta garantía constitucional. Es decir, que para evitarle al Estado un problema de gobernabilidad, hay que limitar los derechos ciudadanos.
Ahora, el ministro Ramiro González justifica que el recargo de USD 42 al sistema de importación 4×4 se dio por el abuso de los ciudadanos que compran por Internet.
Muy pocas veces, en los últimos años, se ha visto tanta molestia en la gente por una medida gubernamental. Es claro que el hecho de pagar más dinero incomoda a cualquiera. Seguramente, también les molestará que el Gobierno restrinja una libertad más bajo el argumento de que todos somos abusivos, ¿o no?