Rosana Palacios presidió la exUNE, anuncia que acudirán a la CIDH. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Un año y nueve meses después de su disolución, lo que fue la Unión Nacional de Educadores (UNE) no ha podido recuperar la personería jurídica ni detener la liquidación de su patrimonio. Pero, sus exdirectivos lograron ya registrar un nuevo sindicato, en Quito y otros cantones del país, ante el Ministerio del Trabajo, el 26 de marzo del 2018.
La expresidenta de lo que fue el gremio de profesores fiscales, Rosana Palacios, espera ser posesionada en julio, con ese mismo cargo, tras una asamblea nacional. Estará al frente de la Asociación de Trabajadores de la Educación Unión Nacional de Educadores (UNE).
Ese “renacimiento” -reitera- no se relaciona con la derogatoria de los decretos 16 y 739, de Lenín Moreno, en octubre del 2017. En el gobierno de Rafael Correa significaron, en junio del 2013 y en agosto del 2015, el endurecimiento de las condiciones para la libre asociación.
Por ejemplo, posibilitaron que Pachamama fuera disuelta en diciembre del 2013. Según el Ministerio del Interior, ejecutó acciones que no constaban en sus estatutos. Esa acción la rectificó el Ministerio de Ambiente, en noviembre del 2017. Admitió que se había vulnerado el debido proceso.
El presidente Moreno reemplazó esos decretos por el 193. Desde entonces, al menos en cifras se observa un cambio: en su primer año de gobierno hay más del doble de organizaciones sociales registradas. Se pasó de 21 439, en mayo del 2017, a 47 299, en mayo de este año.
Esto según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Suios), a cargo de la Secretaría de la Gestión Política (ver gráfico).
Para Cecilia Cherrez, de Acción Ecológica, este régimen ha dado señales de un cambio en su relación con la sociedad civil. Desde el 2008, la ONG encaró períodos difíciles. En 2009 se le quitó la personería jurídica, por un par de meses, hasta que se transfirió su registro de Salud a Ambiente.
En la normativa -apunta- ya no constan los elementos restrictivos para el trabajo y existencia de las fundaciones. En el nuevo hay causales de disolución, “pero esperamos que no se usen discrecionalmente”.
Los cambios, para Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, permiten respirar una tranquilidad relativa.
En el caso de las organizaciones indígenas, considera, aún hay trabas burocráticas que siguen siendo un “freno gigante al derecho de participación”.
Por eso no han cambiado la estrategia con la que desde el 8 de octubre del 2015 han enfrentado restricciones estatales. Se ha otorgado el reconocimiento jurídico a 50 comunidades, confederaciones, etc.
En esa línea crítica con el régimen se pronuncia Palacios, presidenta de la exUNE. “Con ternura siguen violando nuestros derechos de libre asociación”. Lo dice en un sitio prestado por la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), en la Juan Larrea y Arenas, centro norte de Quito.
Hasta antes de la disolución, en agosto del 2016, ella recibía visitas en el edificio matriz, de la 10 de Agosto y Ascázubi.
La dirigente se queja porque no le devolvieron la personería a la UNE, registrada en 1950, pese a la gestión con el Ejecutivo. Anuncia que seguirán con la nueva UNE, pero defendiendo a la otra; el próximo paso será ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el país buscarán recuperar el derecho a la huelga.
Para el ministro de Educación, Fander Falconí, el caso de la vieja UNE está en manos de la justicia. El proceso está siendo sustanciado por los jueces constitucionales en acción extraordinaria de protección.
Hasta el momento -señala- el pedido de los dirigentes de esta organización en liquidación ha sido desatendido por la justicia en cinco ocasiones. “Con lo cual la decisión que en su momento adoptaron autoridades del Ministerio está firme”.
Pese a esa tensión, otras tres ONG consultadas resaltan un clima de mayor apertura.
Daniel Rueda preside Alas de Colibrí, que ayuda a víctimas de trata. En el Gobierno anterior -indica- se vivió una suerte de persecución. “Quizá hubo fundaciones que hicieron mal su trabajo, no sé cuáles, pero se generalizó”. Se queja por el freno a proyectos financiados por la Usaid.
Gontran Pelissier, de Aldeas Infantiles SOS, dice que la crisis no afectó sus ingresos por medio de convenios. Y que hay más apertura y articulación con las autoridades. Verónica Zambrano, de Plan Internacional, cuenta que ahora trabajan más de cerca con ministerios como el de Educación, que esperan articularse mucho más.
