Raúl Abad Velez preside la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
Sobre los hombros de Raúl Abad está el trámite de tres leyes que el Gobierno ha tildado de prioritarias. El Código Ingenios, que tiene un año en debate; la Ley para la extinción de 14 universidades; que tiene nueve meses; y la Ley de Cultura, que fue presentada en el 2009 por Rafael Correa.
El legislador oficialista explica que el tiempo que han tomado no responde a una negligencia en la Comisión Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, que él preside.
En el caso de Ingenios y Cultura, señala, se trata de normas “amplias e integrales” y que deben ser analizadas no solo por la legislación, sino por todos los actores involucrados con diálogo.
Sin embargo, ese diálogo que invoca, según Rocío Carpio, es lo que menos hay. Ella es activista política. Asistió a un foro de socialización de la Ley de Cultura en la Flacso, donde Abad participó como ponente, el 21 de junio.
Cuenta que el legislador salió antes de la terminación del evento, aduciendo que tenía un compromiso y asegurando que él fue “para informar y no para responder preguntas”.
En lo que se refiere a la ley para el cierre de las universidades, Abad dice que se ha avanzado con “celeridad”.
Ahora, esta norma podría incluir un paquete de reformas propuestas por el Consejo de Educación Superior (CES) para evitar el “lucro de las universidades privadas”.
Abad no tiene título universitario y asegura que no lo necesita para dirigir la Comisión. Se graduó como profesor en un colegio normal. Es legislador por Alianza País (AP) de Cañar y fundador del partido en esa provincia.
Es considerado uno de los políticos oficialistas con más peso de esa provincia. Por eso incluso reconoce que le interesaría una candidatura local, en el 2019. Los viajes constantes entre Quito y su ciudad -dice- lo han agotado. Y preferiría trabajar cerca de su familia.
Por ejemplo como principal en la alcaldía de Azogues; su ciudad natal.
Esto -dice el asambleísta- siempre que Bolívar Correa (actual prefecto y militante de Alianza País) decida no postular a la reelección. Además, comenta que también podría terciar para la Alcaldía de Azogues, su ciudad natal; y la gobernación de esa provincia. En esta última institución ya fue gobernador en el 2007.
Ha estado dos periodos en el Legislativo, por lo que no puede reelegirse. Incluso si se llegará a derogar la transitoria constitucional que prohíbe su candidatura y su partido se lo pidiera, asegura que su decisión es de no figurar en las elecciones para la Asamblea.
Si no se concreta su postulación regresará a su anterior ocupación. “Soy rector de mi colegio, en Cañar”.
Wilson Chicaiza (Creo), es uno de los dos legisladores de oposición en la Comisión. Cree que el inconveniente de Abad ha sido su relación estrecha con el oficialismo. “La Comisión ha carecido de autonomía”. Cita dos ejemplos. El Código Ingenios y la Ley de Cultura, ambos propuestos por el Ejecutivo. “Y no hay apertura para proyectos de la oposición”.
En el 2012, Abad ya recibió este tipo de críticas. Los entonces asambleístas Paco Moncayo, Jorge Escala y Guido Vargas anunciaron que en la Comisión no se había dado paso a tres reformas.
Otro caso que critica Chicaiza son las reformas a la Ley de Educación Superior propuestas por el CES. “Vinieron como a imponer que se tramiten. Debemos analizarlo con calma”.
