Julio José Prado cuestiona decisión sobre decreto ley de zonas francas

El Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo no obtuvo el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC). Esto desagradó al Gobierno. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, lo ve como una obstrucción.

“Durante tres años la Ley de Inversiones fue muestra palpable de obstrucción al plan de desarrollo. Ahora, CC la niega, no por inconstitucional, sino que 'no es urgente'. ¿No es urgente exportar, invertir, contratar más? Seguimos aplazando oportunidades que otros países aprovechan”, comentó Prado en su Twitter.

Recordó que el tema de inversiones se planteó en un proyecto presentado en el 2021, con otros capítulos, en el 2022 como ley de inversiones, pero los archivaron. En el proyecto de decreto ley se incluía un régimen para impulsar nuevas zonas francas. Un régimen excepcional, exclusivamente en materia aduanera, tributaria y de comercio exterior, según el Gobierno.

Argumento de la Corte

La reacción del Ministro ocurre horas después de que el decreto ley se quedó solo en proyecto, sin el dictamen favorable de la Corte no puede entrar en vigencia. Esta institución consideró que las disposiciones del proyecto irrespetan el artículo 148 de la Constitución.

Prado resumió que el Gobierno ha negociado Tratados de Libre Comercio “como nunca antes”. Que la agenda Ecuador Compite está en ejecución. Destacó la estrategia Ecuador Open for Business y que en pesca está “a punto de salir tarjeta amarilla”.

“Todo pese a la oposición política. Cuando la bola estuvo en su cancha optaron por poner freno”, criticó a la disuelta Asamblea Nacional.

El 148 determina que, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República podrá expedir decretos-leyes solo de urgencia económica y previo dictamen favorable de la CC. Esta concluyó que el proyecto no tiene esa categoría.

“No es posible afirmar que la atracción de inversión a través de la apertura y operación de las zonas de inversión generará resultados a corto plazo y menos durante el periodo constitucional de transición política”, argumentó la CC.

Añadió que también se debe considerar que el propio proyecto de decreto-ley dispone un plazo de tres meses para la emisión de su reglamento.

Objetivo del proyecto del decreto ley

El Gobierno buscaba, a través del proyecto, la generación de empleo que a su vez cree riqueza. Por eso la consideraba como una necesidad urgente e impostergable a ser enfrentada a través de la atracción de inversiones, particularmente con la apertura de zonas de inversión.

El 14 de junio, Prado visitó en Seúl, Corea del Sur, la Zona Económica Libre de Incheon. Es un área creada por el Gobierno de ese país para ser un distrito comercial y de vivienda. Esa zona franca es un modelo de negocio para Ecuador, comparó Prado.

Organizaciones destacan dictamen de la Corte Constitucional

La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) fue una de las organizaciones que presentó un amicus curiae junto al Centro de Defensa del Trabajo en contra del proyecto.

“El decreto-ley de zonas francas constituía un peligro para la seguridad jurídica, el empleo y los derechos”, criticó Marcela Arellano, presidenta de la Ceosl, al señalar que la CC les dio la razón.

Las organizaciones observaron que dicho decreto no era de carácter económico urgente, que las zonas francas no tenían la capacidad para generar empleo al ser este un problema estructural, y que ponía en riesgo los derechos de los trabajadores.

Dijo que, como en otros países, la implementación agresiva de zonas francas en el Ecuador podría acarrear vulneraciones de derechos vinculados a la libertad sindical y la negociación colectiva, la protección contra la discriminación en la contratación y el despido injustificado.

Para la dirigente, las zonas francas representan una amenaza para los derechos. “El Gobierno ni siquiera ha demostrado que tiene capacidad o intención para exigir el cumplimiento de derechos laborales en condiciones ordinarias, menos podrá hacerlo en situaciones excepcionales, como lo que acontece en las zonas francas”, advirtió.

A pesar del dictamen no favorable, la CC aclaró que el Presidente de la República puede presentar un proyecto de ley sobre la misma temática una vez instalada la nueva Asamblea Nacional. Eso le corresponderá a la autoridad que gane las elecciones anticipadas.

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