Virgilio Hernández (Alianza País) aseguró que el decreto de estado de excepción busca agilitar los procesos de contratación, para implementar avances tecnológicos, modernizar la Función Judicial. “De ninguna forma implica interferir en la autonomía para dictaminar sentencias, es imposible”.
Puso un ejemplo: el presidente Fernando Cordero pidió a Rafael Correa que declare estado de excepción en el Legislativo, luego del 30-S, para que la escolta legislativa sea militar y no policial. Según Hernández eso no ha hecho que se aprueben leyes de modo discrecional. “El Presidente del Consejo de la Judicatura le solicitó la declaratoria al Ejecutivo”.
También criticó que a algunos asambleístas de oposición les parezca que no existe una posible conmoción interna. “Hay 1 20 000 causas pendientes y eso es una calamidad para quienes dependen de ellas”.
Hernández aseguró que durante décadas no se ha hecho nada para modernizar la justicia. “Hay que permanecer impávidos, el pueblo en la consulta popular votó para que lo transformemos. Si no se agilita la contratación de servicios, redes informáticas, será imposible cumplir el cometido que se planteó en los 180 días”.
Además reconoció que el artículo dos del decreto “no está suficientemente bien redactado ni explicado, debe ser utilizado únicamente de modo excepcional para requerir de funcionarios judiciales, previo reconocimiento, trabajos extraordinarios, fuera de las ocho horas, también sábados y domingos, para atender causas represadas. Se debió redactarlo mejor para evitar interpretaciones que pueden pensar que significa movimiento antojadizo o a capricho de miembros del Consejo de la Judicatura”.