El 5 de abril: A través de una videoconferencia, desde España, Galo Chiriboga, fiscal General, admitió la existencia de la firma Madrigal Finance en Panamá. Dijo que la abrió en 1999. Foto: EL COMERCIO
Otra propuesta de pacto político surgió en el país. Justo en momentos en que el Gobierno intenta posicionar su iniciativa de Pacto Ético.
Se trata del Compromiso por la Transformación. Opera de forma similar a la del oficialismo, aunque apenas comienza a cuajar. Propone un acuerdo que busca la adhesión de actores políticos y ciudadanos.
Las propuestas persiguen objetivos totalmente diferentes. El Pacto Ético apunta a que se haga una consulta popular el día de las elecciones generales, en febrero del 2017. Busca que la mayoría de la población apruebe que ningún servidor o funcionario electo pueda ejercer su cargo si tiene bienes o dinero en paraísos fiscales.
Para el Compromiso por la Transformación, en cambio, la prioridad es que los actores políticos se comprometan a sostener cinco acuerdos. Entre ellos fiscalizar los últimos 9 años de Gobierno. Sobre todo por el uso de recursos. La transparencia en el uso del dinero destinado a los afectados del terremoto del 16 de abril pasado y la reducción del tamaño del Estado. Además desmantelar el “hiperpresidencialismo”; rescatar la independencia de las funciones del estado y garantizar el respeto de los derechos y libertadas ciudadanas.
La organización que está detrás de la propuesta, Plantón Solidario, se conformó luego del sismo, con algunos voluntarios. En su momento cuestionaron que el Régimen no haya dejado espacio a la sociedad civil para actuar y expresarse en la emergencia.
Hasta ayer se habían sumado a la propuesta figuras como Mae Montaño, asambleísta por Creo; Salvador Quishpe, precandidato a la Presidencia por Pachakutik y Paco Moncayo, posible presidenciable y actual coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio.
Este último incluso publicó un video en su cuenta de Facebook donde firma el documento del Compromiso y pide públicamente que también lo haga Guillermo Lasso, líder de Creo. La idea es que cada vez que alguien se sume invite a otro para que también lo haga.
Lasso respondió ayer. “Claro que sí. Los pactos con los ciudadanos son más importantes que los pactos con los políticos”. Un día antes, el exbanquero también se refirió al Pacto Ético del Gobierno en un acto en Guayaquil. Ahí advirtió que el Gobierno busca desviar la atención del electorado con su propuesta de consulta.
La semana pasada, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, acudió a la Corte Constitucional para formalizar el pedido de consulta, con la pregunta respectiva.
Según Mera, lo que se busca es eliminar una de las tres vías que tienen los funcionarios públicos en el país, para esconder bienes. La una es tener los “billetes en su casa”. Otra poner a nombre de familiares o personas cercanas bienes adquiridos de forma ilegal y la tercera es enviarlos a paraísos fiscales. “Si yo elimino la tercera, estoy eliminando un tercio de las posibilidades de corromper en este país”.
Las restricciones del pacto ético, aclaró ayer en Ecuavisa Mera, apuntan a los ecuatorianos y no a los extranjeros. “No puedo entrar en detalles técnicos que la ciudadanía no va a entender. Pero en temas de exportaciones hay mucha facilidad de exportar a través de un paraíso fiscal para evadir impuestos”. Para los extranjeros que invierten -agregó- se les debe permitir operar y lo hemos hecho. “Sabemos que el mundo existe y si prohibimos a todo el mundo no va a haber inversión extranjera”.
Pero Luis Fernando Torres, asambleísta opositor por el Partido Social Cristiano, considera que hablar de un Pacto Ético es un doble discurso del Gobierno, que ha sido el principal foco de críticas e investigaciones relacionadas con los paraísos fiscales y los Documentos de Panamá.
Recordó que el primer funcionario que admitió que tenía una ‘offshore’ fue el fiscal general Galo Chiriboga. En su momento, el Fiscal dijo que no era delito y que lo hizo para poner a nombre de esa firma su vivienda de Tumbaco.
Luego saltó el nombre de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien fue detenido por supuestamente beneficiar a familiares con contratos, cuando estaba al frente de la institución. También está el embajador de Ecuador en Panamá, Galo Enríquez, quien constituyó una firma en las Islas Vírgenes Británicas en 2008. Y está el caso de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, quien abrió una ‘offshore’ en Panamá.
Según Mera, en el caso de Merizalde, él está por retornar su compañía a Ecuador. “Precisamente porque tenemos que ser coherentes. Galo Chiriboga no es un miembro del Gobierno pero ha dicho extraoficialmente que él también está retornando su casa a nombre de sus compañías en Ecuador o a nombre de él”.
Para hoy está previsto que el canciller Guillaume Long entregue en el Vaticano una carta explicando la propuesta de Pacto Ético para enfrentar los delitos vinculados a paraísos.
Personajes públicos con ‘offshore’
5 de abril
A través de una videoconferencia, desde España, Galo Chiriboga, fiscal General, admitió la existencia de la firma Madrigal Finance en Panamá. Dijo que la abrió en 1999.
30 de junio
Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, admitió que creó la compañía Horgan Investments en 2012. Según él fue para un emprendimiento internacional que no llegó a concretarse.
16 de mayo
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue detenido. La Fiscalía indaga su vinculación con firmas ‘offshore’, a través de las cuáles supuestamente benefició con contratos a familiares.
13 de junio
Se conoció que Galo Enríquez, embajador en Panamá, creó con Mossack Fonseca la empresa Merivi Corp en las Islas Vírgenes Británicas. Fue en 2008 cuando era empresario.