4 398 contratos se han suscrito durante la emergencia sanitaria, por un monto de USD 130 millones. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La propuesta del Ejecutivo contra los actos de corrupción en compras de emergencia no tiene un plazo definido para su trámite en la Asamblea. Aunque incluye cambios penales, la mayoría del contenido se enfoca en reformas al sistema de contratación pública.
El proyecto llega cuando el Parlamento acumula 16 proyectos de distintos legisladores para reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin que lograsen ser aprobados por el Pleno en tres años.
La iniciativa del presidente Moreno ingresó el domingo, y dos días después llegó a los legisladores.
Henry Cucalón, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), espera que la iniciativa del Ejecutivo sirva para acelerar los cambios en la contratación pública, pero sostuvo que “nada garantiza” que pueda ser tramitada en los once meses que restan de mandato.
El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), recordó que al tratarse de una ley ordinaria “no hay plazos” para que sea aprobada. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) todavía no es convocado para calificarla.
La última propuesta anticorrupción de reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) fue presentada por el Ejecutivo el 5 de marzo. Y tardó dos meses en llegar a la Comisión de Justicia.
El nuevo proyecto del Ejecutivo se compone de tres artículos que reforman al Coip para tipificar como delito la elusión de procesos en la contratación pública en emergencia.
La idea es sancionar a quien evada estos procedimientos en provecho propio o en beneficio de un tercero. Las penas privativas de la libertad irán desde los 6 meses hasta los 25 años de cárcel, además de multas.
Si la infracción se cometiera en el estado de excepción, se aplicará el máximo de la pena establecida para cada caso”, añade la propuesta.
“Lo que más me llama la atención del proyecto es que dependiendo de los montos del sobreprecio viene la pena. Si va de USD 250 mil son de 20 a 25 años y si son montos menores va desde 6 meses a un año. Yo siempre había estudiado que da lo mismo robarse un dólar que un millón”, apuntó Cucalón.
El experto en temas de contratación pública Adrián Castro señaló que es la primera vez que se busca tipificar este delito, y de esta forma plantear “sanciones muy severas para funcionarios que evadan procedimientos precontractuales, colusión, sobreprecios y más”.
Agregó que el proyecto incorporará en la Ley de Contratación Pública algunos elementos que estaban en los pliegos de esta norma, entre ellas una definición para la colusión entre proveedores para engañar a la administración, que es una práctica anticompetitiva.
Además, establecerá como causal de auditoría inmediata la recurrencia en las contrataciones, y obligará a que los servidores institucionales que manejan la contratación pública sean certificados.
“Sube a categoría de ley el hecho de que se exija experiencia jurídica y económica de los proveedores. Me preocupa que se incluyan salvedades para casos de extrema emergencia”, añadió Castro.
El experto señaló que esta falta de definición, si no es abordada por la Asamblea, abriría una puerta a la corrupción. Tampoco se alude al giro de negocio que, según el contralor Pablo Celi, “es uno de los mecanismos a través de los cuales se han producido mayores ilícitos”.
