Gina Benavides fue designada como defensora del Pueblo encargada por el Consejo de Participación Transitorio. Foto: Archico / EL COMERCIO
Gina Benavides, defensora del Pueblo encargada, señaló que “vincular la presencia de personas de otras nacionalidades con el incremento de la inseguridad resulta a todas luces discriminatorio y xenófobo y contradice el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República que establece como principio fundamental la igualdad y proscribe la discriminación”. Lo hizo a través de una carta, en la cual cuestiona pronunciamientos en ese sentido, como la propuesta de la asambleísta de Creo Ana Galarza, que habló de endurecer las políticas migratorias tras un asesinato en Ambato.
Las declaraciones de Benavides constan en un documento difundido este lunes 14 de mayo del 2018 en la página web del organismo estatal que vela por la protección de los derechos humanos.
El 8 de mayo, Ana Galarza pidió un cambio del orden del día en la Asamblea para un homenaje póstumo para el taxista Manuel Alarcón, asesinado el 3 de marzo en Ambato (Tungurahua). 116 legisladores aprobaron la moción. Pero Galarza también habló del arribo de extranjeros: “Les solicito que, cumpliendo con el mandato constitucional y lo que demandan de nosotros los ecuatorianos, aportemos desde la Asamblea Nacional para que podamos tomar medidas de seguridad”.
“Nuestra Constitución ha sido clara al apartarse de la noción clásica de seguridad, para dar paso a una concepción de seguridad humana que bajo ningún precepto se fundamenta en la limitación de derechos a un grupo social”, recordó Benavides. “Debemos recordar que el vínculo entre políticas de seguridad con movilidad humana no puede enmarcarse en una concepción que sobreponga un criterio sesgado de seguridad por encima del ejercicio de derechos”.
En el mismo sentido, Benavides lamentó lo sucedido la noche del 10 de mayo, en Quito, dos días después de las declaraciones de Galarza. 35 policías se desplegaron en las calles del sector La Mariscal en un operativo con otras autoridades del Municipio de Quito, y retuvieron 180 ciudadanos extranjeros.
“Los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Ambato o en la frontera norte del Ecuador requieren respuestas integrales tanto desde la prevención, así como desde la actuación de los órganos de justicia responsables de investigar y sancionar este tipo de delitos. Cuestión que se debe realizar en apego irrestricto a los derechos humanos, y bajo ninguna consideración mediante la implementación de políticas o acciones que atenten contra las personas en función de su identidad nacional o condición migratoria, tal como lo sucedido la noche del 10 de mayo de este año en la ciudad de Quito con un operativo realizado por la Policía de Migración que tuvo como consecuencia la privación de libertad temporal de aproximadamente 180 personas de otro origen nacional”, señaló Benavides.
