Los jueces de la Corte Constitucional, el martes, durante su primera reunión. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Luego de elegir a Hernán Salgado como presidente y a Daniela Salazar como vicepresidenta, los magistrados de la Corte Constitucional mantuvieron el pasado miércoles 6 de febrero de 2019 una reunión reservada, por segundo día consecutivo.
La jueza Teresa Nuques comentó que analizan documentos sobre la situación de este organismo y evitó adelantar comentarios al respecto. En los casi cinco meses que estuvo en vacancia, a la Corte ingresaron 2 500 causas nuevas. De ellas, un 90% tiene que ver con el recurso de acción extraordinaria de protección.
La acción extraordinaria de protección es un mecanismo al que puede acogerse un ciudadano cuando cree que se han violado sus derechos fundamentales, y no ha tenido respuesta en la justicia ordinaria. Si bien hay el desglose de estas causas presentadas durante la vacancia, no existe un detalle de las 14 000 causas represadas.
De acuerdo con el artículo 429 de la Constitución, esta Corte es “el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”. Antes de que este alto tribunal empiece a despachar las causas, debe solventar varios aspectos operativos.
Uno de ellos es implementar un sistema electrónico para el sorteo de causas. Se trata de un proyecto de modernización que dejó en marcha la anterior Corte que en agosto pasado fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), tras un proceso de evaluación.
La implementación quedó en manos del área informática de este organismo, y con ella se pretende transparentar el orden del despacho de causas.
Por otra parte, se debe anunciar el proceso de la conformación de una Sala de Admisión, que se encargará de revisar si las causas ingresadas reúnen los requisitos para ser tramitadas por este organismo.
La instancia deberá estar integrada por tres jueces, que cambian de forma periódica. Se prevé que hoy, a las 10:00, en una rueda de prensa, Salgado proporcione mayores detalles sobre cómo operará la Corte.
De acuerdo con la CC, las 14 000 causas están represadas desde hace dos décadas. Los jueces cesados sesionaban dos veces por semana. Una de las jornadas la dedicaban para tramitar las causas de mayor antigüedad y la otra para atender aquellas que ya tenían informes para resolución o que eran actuales, determinadas por el presidente del organismo.
“Los jueces constitucionales son los guardianes de la Constitución, desgraciadamente en Ecuador no ha sucedido aquello. Y a pesar de las bondades de la Constitución, nuestros jueces, con pocas excepciones, se convirtieron en sepultureros de la Carta Magna vigente”, expresó Salgado.
Otro de los pendientes tiene que ver con asuntos administrativos. Actualmente, las oficinas que ocupa, en el centro de Quito, están semivacías.
En diciembre pasado, a 100 de los más de 300 funcionarios de la Corte se les terminaron sus contratos ocasionales y no fueron renovados.
Al organismo le corresponde emprender un nuevo proceso de selección de personal como, por ejemplo, secretarios o asistentes de los jueces. Por lo general, cada uno cuenta con un equipo de cinco colaboradores.
En la primera jornada los jueces también sometieron a un sorteo el despacho que ocuparán en la sede de este organismo, en el centro de Quito.
En la oficina que ocupará el juez Enrique Herrería, en el tercer piso del ala oriental del edificio de la Corte, ayer un operario ponía a punto el equipo informático. Pero faltaba mobiliario. “Tenemos que llevar el personal apropiado, sacar los nombramientos para el cuerpo de asesores. Hay que normalizar el trabajo”, mencionó Herrería.