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Corte Constitucional habla del estado de excepción en cárceles y cuestiona falta de actuación del Estado

La Corte Constitucional se pronunció este 24 de febrero del 2021 tras la masacre en tres cárceles del Ecuador. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

La Corte Constitucional se pronunció este 24 de febrero del 2021 tras la masacre en tres cárceles del Ecuador. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

La Corte Constitucional se pronunció este 24 de febrero del 2021 tras la masacre en tres cárceles del Ecuador. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador se pronunció luego de la masacre en cuatro Centros de Privación de Libertad de Guayas, Cotopaxi y Azuay, que dejó 79 internos asesinados.

A través de un comunicado, difundido este miércoles 24 de febrero del 2021, la CC reaccionó ante las declaraciones de Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la libertad (SNAI), quien mencionó que el Gobierno ya presentó un plan de acción a la Corte Constitucional.

“La CC estima necesario aclarar que en el dictamen de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción Nro. 6-20-EE/20, se dispuso al Gobierno Nacional elabore y ejecute un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario”.

La Corte precisó que el diseño, aprobación y ejecución de dicho plan es de exclusiva responsabilidad de los órganos competentes de la política pública del sistema de rehabilitación social. “Su remisión tiene como único objeto que esta Corte verifique el cumplimiento de su dictamen”, señala el comunicado.

Entre mayo del 2019 y octubre del 2020, el Gobierno de Ecuador decretó dos estados de excepción, con dos renovaciones cada uno (cuatro periodos en total) por conmoción interna en todas las cárceles, a causa de la violencia.

La Corte emitió cuatro dictámenes de constitucionalidad, pero en su comunicado señala que si esta situación no pudo ser superada a través del régimen ordinario y requirió de cuatro estados de excepción “esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de libertad, así como la seguridad y convivencia pacífica de los centros de privación de libertad en el país”.

Los magistrados también expresaron su preocupación por la falta de seguridad y control en las cárceles y se solidarizaron con los familiares de las víctimas. “Este organismo hace énfasis en la posición especial del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad”.

Finalmente, la Corte demandó a las autoridades la adopción de medidas pertinentes para lograr el control de seguridad en las cárceles “en garantía plena del ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la investigación, determinación de responsabilidades por acción u omisión y eventual sanción a los responsables de los hechos ocurridos”.

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