La Ley de Aguas se aprobó el 24 de junio de 2014. Foto: Archivo El Comercio
Al final del 2014, la Asamblea Nacional aprobó 15 leyes, un número distante de las 23 que pretendía al comenzar el año. Tanto el oficialismo como la oposición están de acuerdo en que es una cifra positiva para la Función Legislativa. Lo que está en debate es la calidad de esos textos legales.
Para Alianza País, se aprobaron leyes que fortalecen la institucionalidad de las funciones del Estado y de la Política Pública. Además, se generaron mecanismos para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y los resultados normativos fueron lo suficientemente difundidos y tuvieron el aval de la ciudadanía.
Para los opositores, en cambio, la calidad del debate, la participación de los distintos actores y los consensos fracasaron.
Por estas razones se aprobaron leyes “santificadas” desde el oficialismo, sin la posibilidad de modificarlas sustancialmente.
La vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, sostiene que es necesario hacer un cálculo “más allá de lo numérico” y ahondar sobre el significado de cada una de las leyes. Para ella, la aprobación de normas como el Código Penal Integral o el Código Monetario son clave para el proceso político que vive el país.
El opositor Ramiro Aguilar dice que cuantitativamente ha sido uno de los años más productivos, pero que desde el punto de vista de la autonomía de la Asamblea es “uno de los peores Congresos” de la historia. A esto suma la crítica de que la supuesta premura en la aprobación produjo leyes con defectos que están siendo reparados por el mismo oficialismo: “Cada ley es un tropezón y un regreso”.
Para el 2015, Alianza País aspira mantener la misma fuerza y el mismo ritmo de trabajo. A continuación EL COMERCIO brinda las cinco leyes más importantes del 2014 y las cinco que se pretenden impulsar para este nuevo año.
Leyes más importantes aprobadas en 2014
Penal
La norma fue la primera aprobada y según el oficialismo garantiza el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, así como la eficiencia y eficacia en la administración de justicia, como parte de la lucha contra la impunidad.
El texto recibió críticas por ser punitivo y por la deficiente concepción de las figuras penales. Se criticó la incorporación de penas a quienes generen pánico financiero pues se podrían dar lugar interpretaciones que pudieran poner en riesgo derechos.
Aguas
El texto reemplaza la normativa vigente desde hace 42 años y asegura el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible para el uso personal y doméstico en cantidad y calidad. Las críticas se concentran en que la autoridad Única del Agua está íntimamente ligada al Ejecutivo; que la norma no contiene prohibiciones para la privatización del recurso y que no responde a las necesidades de las comunidades.
Monetario
Desde el oficialismo se asegura que la norma ayudará a que el Estado pueda establecer una mayor regulación a la banca, en beneficio de los ciudadanos. De este modo se garantizan los depósitos en el sistema financiero nacional a través del fondo de garantía de depósitos. Las críticas desde sectores financieros están enfocadas en el “dirigismo estatal” con una Junta de Política y Regulación que asume las competencias de otros órganos y que tendrá 110 funciones.
Incentivos
Alianza País sostiene que a través de esta norma, se crea una serie de estímulos para la producción, en pro de mejorar el futuro económico del país. Propone mecanismos para evitar evasión fiscal y para el reforzamiento del sistema tributario.
Para los sectores productivos se trata de un “paquete tributario”. La norma incluye un incremento del ICE al 100% para las cocinas de gas con lo cual se ‘obliga’ a los ciudadanos a comprar cocinas de inducción.
Enmiendas
Este paquete de 16 enmiendas a la Constitución no altera la estructura del Estado y, al contrario, garantiza derechos ciudadanos y fortalece el sistema democrático, según el oficialismo. La figura de la reelección indefinida ha sido una de las más debatidas desde que se conoció el texto. La oposición sostiene que el oficialismo pretende tratar la Constitución como un plan del Gobierno y que en el fondo se trata de adaptar las normas a las necesidades coyunturales.
Leyes que se pretenden impulsar en 2015
Tierras
El proyecto busca normar el uso y acceso a la tierra rural que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Además, regulará la propiedad, la administración y la redistribución de la tierra como factor de producción, para garantizar la soberanía alimentaria. Además, busca mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado. Ha recibido críticas pues se asegura que no se establece prohibición para el acaparamiento de la tierra.
Laboral
La propuesta que vino desde el Ejecutivo tiene ejes como estabilidad laboral al eliminar el contrato a plazo fijo; la reducción de brechas salariales, que establece que el trabajador que menos gane no puede recibir menos de una veinteava parte de lo que gana el funcionario de mayor escala salarial. Pero el techo de 24 remuneraciones básicas para las utilidades genera críticas, pues se sostiene que el proyecto establece la limitación de las utilidades de los trabajadores.
Electoral
Al Pleno llegará una propuesta de cambios al Código de la Democracia que está siendo trabajada por la Función Electoral. Equipos técnicos y jurídicos del Tribunal Contencioso y del Consejo Electoral están recogiendo experiencias de las elecciones de 2013 y 2014 donde se encontraron vacíos en la ley electoral: uno de ellos es que no se establecen sanciones a la campaña electoral anticipada. Para los opositores se trata de un nuevo ajuste, en favor del oficialismo.
Comunicación
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) presentará un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Según el superintendente Carlos Ochoa, en la aplicación de la ley “no existe proporcionalidad entre la falta y la sanción a los medios de comunicación”. Desde ya la oposición y sectores periodísticos critican esta futura reforma y aseguran que lo que se pretende es dar mayor poder de sanción a la Superintendencia.
Legislativa
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa serán impulsadas desde Alianza País, con el objetivo de ampliar el radio de fiscalización de la Asamblea. El propósito sería que el Presidente del Directorio del IESS o sus vocales puedan ser traídos a juicio político. A esto se sumará un nuevo paquete de enmiendas, entre las que se propondrá, además, establecer el control político a los miembros de la Corte Constitucional, que actualmente no existe.
