En mayo del 2013 asumieron las tres legisladoras. Foto: Archivo/EL COMERCIO
Pese a que aún no se han definido cambios en la Asamblea Nacional, en las filas de Alianza País (AP) se escuchan algunos nombres para el 14 de mayo.
Ese día se cumplen dos años del período legislativo que arrancó en mayo del 2013. El bloque oficialista tiene tres opciones: mantener a las tres principales autoridades legislativas, realizar un ajuste estratégico o renovar la cúpula.
Con 100 legisladores de 137, las negociaciones políticas entre bancadas por los cargos estratégicos quedaron en la historia. Ahora será el presidente Rafael Correa, como director del movimiento, quien inclinará la balanza.
¿De qué dependerá la decisión final de las autoridades que dirigirán al primer poder del Estado? Serán varios factores, según los mismos asambleístas de Alianza País. Dentro del bloque ya se realizó una primera evaluación sobre la gestión de la presidenta Gabriela Rivadeneira, y de las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga.
Se destacó que en estos 24 meses se aprobaron 33 leyes, incluida la Ley de Comunicación y la Ley de Aguas. También, la lealtad política, que se ha reflejado en que no hubo “camisetazos”.
No obstante, una de las falencias está relacionada con los temas disciplinarios. Concretamente los errores que se han cometido ante la opinión pública como la falta de acuerdos en el debate por la despenalización del aborto.
Las tres autoridades defienden su gestión con cifras y un discurso de unidad política y efectividad parlamentaria.
Para Rivadeneira, el que tres mujeres hayan estado frente al Poder Legislativo, y el tener la presidenta más joven de un Parlamento, fueron logros. Ella aclara que aún “no existe una postura formal” sobre las posibles candidaturas.
Rivadeneira es uno de los cuadros políticos más valiosos para el oficialismo en estos momentos. Por ello, fuentes internas aseguran que su permanencia o remoción dependerá de una proyección política de cara a las elecciones del 2017.
Otro de los elementos considerados dentro de AP será la calificación que ha tenido la Legislatura: la conclusión es que ha sufrido un declive y los datos lo ratifican. En mayo del 2013, la aprobación de la gestión de la Asamblea se ubicó en el 43%, según Cedatos, 24 meses después, esta cifra se ubicó en el 35%. Otras encuestadoras como Market mostraron una brecha de al menos 25 puntos.
“Hay una buena posibilidad de mantener las cosas como están pero habrá que hacer nuevos análisis”, dice Alvarado quien cree que la decisión sobre las autoridades se dará luego de realizar una valoración política y administrativa.
Aguiñaga, en cambio, reconoce que existen dos corrientes dentro de la bancada verde: una por la ratificación de las autoridades y otra por la renovación. La lista de las nuevas autoridades estará definida antes del 14 de mayo y será una “decisión interna, orgánica, en una forma disciplinada pues todos tiene igualdad de legitimación y de aspiraciones”.
En el escenario de la renovación de autoridades, desde hace dos meses se habla de posibles cuadros para llegar a la presidencia y los motivos son diversos: Miguel Carvajal, por el tratamiento de leyes sensibles como las de Aguas y Tierras. Mauro Andino por la aprobación de la Ley de Comunicación y el Código Orgánico Integral Penal. Incluso, el sector más conservador habla de Juan Carlos Cassinelli como una buena opción. En los tres casos, el factor común es la experiencia y la madurez política.
Para las vicepresidencias suenan cuadros como Carlos Viteri Gualinga, de Pastaza, y Lídice Larrea; de Manabí, que permitirían un equilibrio regional y de género.
“No me he enterado de mi postulación”, dice Carvajal para quien la renovación de las autoridades no ha sido un tema prioritario. “Hay 100 asambleístas con las capacidades de conducción en la Asamblea Nacional”.
¿Qué sucedería en al caso de que las tres autoridades no sean ratificadas? Cinco legisladores consultados descartan que de haber una posible remoción, ellas permanezcan dentro de la Legislatura.
En ese escenario se les concedería la dirección de un Ministerio. A Rivadeneira, por ejemplo, se le delegaría el Ministerios de la Política o de Inclusión Social; a Aguiñaga, la Cartera de Medioambiente; y a Rosana Alvarado, la de Justicia.
“Como buenas revolucionarias debemos estar donde demande nuestra revolución, si es en una curul, en las calles o desde cualquier espacio”, manifiesta Aguiñaga.
Otro de los espacios de poder cuya conformación será modificada para los próximos dos años será el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Dentro de AP se analiza la posibilidad de dejar sin un espacio a Avanza, lo que implica la remoción de Gozoso Andrade. Así, uno de los posibles reemplazos sería la lojana Verónica Arias (ARE), quien llegó a la curul en reemplazo del actual alcalde de Loja, Bolívar Castillo. Arias reconoce que la decisión está en manos del bloque oficialista, pero a la vez ratifica que si es designada “en hora buena para seguir impulsando el proceso”.
La redistribución de las 12 direcciones de las comisiones legislativas también es un tema que se deberá definir hasta el próximo jueves.
