Alexis Mera también respondió sobre la aplicabilidad de la consulta para el caso del Presidente. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las restricciones de la propuesta del pacto ético, que propone el Gobierno a través de una consulta popular, apuntan a los ecuatorianos y no a los extranjeros. Lo señaló Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, este 20 de julio del 2016.
“No puedo entrar en detalles técnicos que la ciudadanía no va a entender. Pero en temas de exportaciones hay mucha facilidad de exportar a través de un paraíso fiscal para evadir impuestos a través de un precio menor”.
Para los extranjeros que invierten, agregó, se les debe permitir operar y lo hemos hecho. “Sabemos que el mundo existe y si prohibimos a todo el mundo no va a haber inversión extranjera”.
¿Esta propuesta no representa una discriminación entre ecuatorianos y extranjeros? Eso se consultó al Secretario Jurídico en la entrevista que concedió a Ecuavisa esta mañana. “Solo para ejercicio de la función pública”, respondió Mera. “Así como yo no puedo poner a mi primo en un Ministerio, tampoco puedo tener bienes en un paraíso fiscal. Son restricciones sanas y necesarias que estamos proponiendo al país”.
Él presentó la semana pasada a la Corte Constitucional un pedido de consulta popular para que las personas decidan, el mismo día de las elecciones generales del 2017, si aprueban o no que los funcionarios públicos electos o servidores ejerzan sus cargos si tienen bienes o capitales en paraísos fiscales.
En la actualidad hay funcionarios que han reconocido públicamente que los tienen. Constan en el listado de la investigación ‘Panama Papers’, que ha sido publicada, en varias entregas, desde abril. Entre ellos Galo Chiriboga, fiscal general y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador.
Según Mera, en el caso de Merizalde, él está por retornar su compañía a Ecuador. “Precisamente porque tenemos que ser coherentes. Y el señor Galo Chiriboga no es un miembro del Gobierno pero ha dicho extraoficialmente que él también está retornando su casa a nombre de sus compañías en Ecuador o a nombre de él”.
El Secretario también respondió sobre la aplicabilidad de la consulta para el caso del Presidente, si llega a aprobarse su propuesta en la consulta. En la Constitución se establece, en el artículo 142, que el Primer Mandatario no podrá ejercer si incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución.
Pero la pregunta, tal como fue redactada y enviada a la Corte Constitucional por Mera, no habla de reformas en la Carta Magna, sino en leyes secundarias. Esto podría dejar sin efecto la propuesta del Gobierno para el siguiente Mandatario, si tiene bienes en paraísos.
Mera dijo que no es necesario cambiar la Constitución para que se pueda aplicar la iniciativa. “Hay muchas prohibiciones para ser funcionario público que no están en la Constitución. Si el Presidente le debe a la banca cerrada, no puede ser Presidente”, citó como ejemplo.
Debe quedar claro, agregó, que esta consulta no tiene nada de retroactiva porque “todos los candidatos van a ir con el régimen jurídico actual a las elecciones de febrero. No habrá ninguna restricción para nadie”.
Si la consulta gana hay el plazo de un año para que, de ser el caso, el nuevo Presidente retorne los bienes que tenga en paraísos fiscales y ejerza su cargo. Lo que se busca, según Mera, es eliminar una de las tres vías que tienen los funcionarios públicos en el país, para esconder bienes.
La una es tener los “billetes en su casa”. Otra poner a nombre de familiares o personas cercanas bienes adquiridos de forma ilegal y la tercera es enviar los bienes a paraísos fiscales. “Si yo elimino la tercera, estoy eliminando un tercio de las posibilidades de corromper en este país”.
