Johana Cedeño es la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La nueva presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se graduó hace 15 días como licenciada en comunicación social, en una universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Se trata de Johana Cedeño, de 36 años de edad, quien releva en el cargo a la también oficialista María José Carrión para el período 2019-2021. En su hoja de vida acumula una experiencia política de 12 años, tiempo en el que ha desempeñado cargos como concejal y viceprefecta de esta provincia.
Cedeño cree que su “capacidad y el afán de renovación” en el Parlamento pesaron para que ella asumiera ese puesto, aunque reconoce que su aspiración era seguir al frente de la Comisión de Biodiversidad.
Una instancia clave para el control político a las autoridades de otras funciones del Estado es la mesa de Fiscalización, a la cual la oposición llegó a bautizar en el pasado reciente como la “comisión de archivo o del limbo”.
Su ubicación en este puesto responde al acuerdo al que llegaron Alianza País (AP), Creo y partidos de minoría agrupados en el Bloque de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), hace dos semanas.
El propósito de que los asambleístas encabecen las comisiones de acuerdo con la preparación académica y experticia de cada uno no se cumplió, reconoce Jimmy Candell, coordinador del BIN.
“Se habló de que se iba a considerar el perfil de los integrantes para que presidan y para que manejen las comisiones, pero no pasó así”, señala.
En el caso de la Comisión de Relaciones Internacionales, la Presidencia es ocupada por Fernando Flores, del bloque de Creo, quien se cataloga como “un publicista de profesión, y político de pasión”.
Desde el 16 de mayo pasado, Flores relevó en el cargo a la asambleísta correísta Esther Cuesta, una académica con experiencia en el campo de la literatura.
En esta mesa está en trámite el nuevo Código de Seguridad Pública. Flores dice que apelará a la asesoría de expertos y de otros asambleístas como el general en servicio pasivo René Yandún, a cargo de la vicepresidencia, para sacar adelante este proyecto.
Por su parte, Ximena Peña, coordinadora de AP, es ingeniera comercial de profesión y asumió la Presidencia de la Comisión de Justicia en lugar de la correísta Marcela Aguiñaga, quien es abogada.
Aguiñaga teme que el trabajo de la Comisión, que lleva adelante reformas en materia penal, resulte afectado con ese cambio, pero Peña sostiene que la construcción de las leyes “es un trabajo en equipo”.
“En esta Comisión ha habido un trabajo técnico importante. Pero la coordinación con el Ejecutivo no era muy fluida. La idea es facilitar ese trabajo, la coordinación para evitar dificultades, controversias en el procesamiento de las normas”, sostiene la asambleísta de AP.
Al frente de la Comisión de Desarrollo Económico, en cambio, seguirá Esteban Albornoz (AP), quien es ingeniero electrónico. Él apela a su experiencia política para sacar adelante leyes que apuntalen a la microempresa.
La conducción de las mesas legislativas hasta el 2021 está a cargo
de políticos de variadas profesiones. En tres comisiones se mantiene una pugna.
El oficialista Daniel Mendoza, sin embargo, cree que no solo su profesión de ingeniero comercial y en finanzas internacionales tuvo un peso para convertirse en Presidente de la Comisión de Régimen Económico.
Señala que acumula una experiencia de seis años como legislador. A su comisión le corresponde tratar temas tributarios y hacer un seguimiento a la ejecución del Presupuesto General del Estado.
La Comisión de Salud, en cambio, seguirá bajo la conducción de William Garzón (AP), médico general de profesión. Su prioridad es el Código de la Salud, cuyo segundo debate se retoma hoy en el Pleno de la Asamblea.
Candell cree que la reorganización de las comisiones es un tema que faltó ser discutido, lo cual atribuye a la situación que atraviesan las comisiones de Educación, de los Derechos de los Trabajadores y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que no se instalan.
Desde el PSC, César Rohón calificó como una “mañosería” que el domingo pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) anulara la designación de su colega, Vicente Taiano, como presidente de la Comisión de Trabajo.
“Lo que está primando son acuerdos extraparlamentarios que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones voluntarias e independientes que toma cada una de las comisiones”, agregó la también socialcristiana Cristina Reyes, integrante del CAL, que se opuso.
A ese criterio se sumó Roberto Gómez, de Creo, quien se fue en contra del criterio de Patricio Donoso y Rina Campain, sus dos coidearios que forman parte del Consejo de Administración.