3 de mayo de 2018 17:44

Pelea de colegiales causa debate sobre violencia y actuación de planteles

Imagen referencial. El estudio de Rescate Escolar, indica que el 50% de estudiantes ha sufrido algún tipo de violencia en el sistema educativo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. El estudio de Rescate Escolar, indica que el 50% de estudiantes ha sufrido algún tipo de violencia en el sistema educativo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

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Los detalles e incluso el video de una pelea, en la que se observa que un colegial le da un cabezazo a otro, que cae al piso, está en las redes sociales. Alrededor, según se observa, hay otros estudiantes, que atestiguan todo y no los separan. Unos dicen “dale, dale, cógele del cuello, pégale negro, más”. También se oye un “graba, graba” y se ve que un chico filma la escena con su celular.

Familiares, amigos y conocidos del agredido y el agresor han emitido todo tipo de comentarios en Twitter y Facebook. La historia ha salido a la luz en estos primeros días de mayo del 2018, pese a que según las partes, el hecho habría ocurrido hace dos años en los alrededores de un plantel particular de uno de los valles de Quito. Su pensión mensual supera los USD 900.

El video dura 27 segundos, al menos el disponible en una red social. La subsecretaria de Educación de Quito, María Augusta Montalvo, está al tanto del tema desde diciembre del 2017. Y desde entonces –comenta- solicitó a las autoridades del establecimiento particular información. Pidieron detalles sobre las acciones que ha emprendido la institución educativa y el acompañamiento realizado a las partes.

Este jueves 3 de mayo, Montalvo, en entrevista con EL COMERCIO, aseguró que el respectivo distrito del Ministerio de Educación actuó, en su momento. Ayer, miércoles 2 de mayo, ella recibió al chico, que agredió a otro compañero de colegio. Así como a otros alumnos de la institución, que llegaron tras una caminata, con carteles y proclamas.

Entre diciembre y enero de este año, indicó la funcionaria, convocaron a las madres y más representantes de los muchachos. Solo acudió al llamado la madre del joven agredido. Ella contó, según Montalvo, cómo se había llevado el proceso primero en el establecimiento y luego en el campo judicial.

“El chico quedó muy golpeado emocional y físicamente. Su madre ha estado en la lucha desde hace dos años. Ambas partes no encontraron una respuesta muy consistente en la institución educativa, nosotros como Ministerio vamos a insistir en conocer sobre lo actuado pues a pesar de que han pasado dos años, se quejan del bullying, que ha provocado el caso”.

Mañana, viernes 4 de mayo, habrá una nueva reunión en la institución educativa con personeros del Ministerio. Los estudiantes con quienes conversé ayer (cercanos al chico que habría agredido a otro) –indicó Montalvo- manifestaron que no han recibido un apoyo adecuado desde el plantel.

“Ya no solo nos interesa este caso sino saber cómo se ha manejado el tema del bullying y las peleas al interior de la institución. Me preocupa que se haya dejado que el tema progrese entre las dos familias. Los jueces ya dictaminaron. Yo insisto en que hay que fortalecer la cultura de paz, lamentablemente aún se resuelven conflictos con agresiones verbales y físicas. Los chicos nos han pedido ayuda y ese es el rol que deben ejercer los Departamentos de Consejería Estudiantil. Detrás de la agresividad hay otras causas y para eso están los psicólogos”.

En redes sociales, ambas partes implicadas han ventilado el caso. Esto a raíz de una resolución que ordena que quien agredió a golpes al otro estudiante, acuda al Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, todos los fines de semana, por seis meses. Y que se pague una indemnización de USD 4 mil. Sus allegados consideran que se trata solo de una pelea de jóvenes y que el implicado ya aprendió la lección. El otro lado argumenta que hubo lesiones como la pérdida de un diente, rotura de la nariz y problemas permanentes en la visión.

En redes sociales, ambas partes entraron en conflicto. Ironizan, se refieren a los menores de edad en los peores términos, también critican las posiciones de sus madres. Más allá de este caso, María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación de Quito, recordó que los planteles y sus autoridades son responsables de los alumnos.

Se produzca o no una pelea de este tipo dentro de las instalaciones del colegio, eso no les exime de responsabilidad. Reiteró que hay un protocolo, primero debería actuar el Departamento de Consejería Estudiantil. “En ese ámbito se presume la inocencia de ambas partes, hay que proteger sus derechos porque son menores de edad. Pero además hay una normativa legal en el país. Si hay una agresión física que incurre en temas de hospitalización, las partes involucradas tienen herramientas judiciales, hay instancias, Fiscalía y la Junta Cantonal de Protección de Derechos son dos vías”.

Natasha Montero es miembro principal de la Junta de Protección de Derechos de La Delicia, en Cotocollao, norte de Quito. No estaba al tanto del caso. Pero explicó, en términos generales, que un adolescente a partir de los 12 años es punible, cuando entra en conflicto con la ley.

Ella más allá de este caso puntual, del que no conoce detalles, dijo que “no se debe tratar a las peleas de colegiales, que lleven a lesiones que provocan incapacidad de más de tres días como un problema entre chicos. Si provocan lesiones graves se consideran delito”.

Una sentencia que obligue a un chico a ir los fines de semana al Virgilio Guerrero, tomando en cuenta que estudia de lunes a viernes, le parece un proceso educativo. “Es una consecuencia de un hecho. Pero no solo hay que ver a los implicados directamente sino también al colegio, si sucedió en las instalaciones o fuera es su responsabilidad. ¿Dónde estaban los profesores?”.

Montero reconoce que la legislación nacional no es muy clara, pero cree que se debe acudir a la legislación internacional sobre cómo tratar la violencia entre pares. Para eso cita a la Convención Nacional de los Derechos del Niño, a las observaciones de la Unicef. “El plantel debe mostrar cómo ha garantizado el derecho a la educación de ambos estudiantes”.

Esta miembro de la Junta de Protección pone un ejemplo extremo: pudiera haber una violación masiva de estudiantes, ¿cómo actuar? Responde que en el tiempo que pasan en los planteles y en los alrededores, los alumnos son responsabilidad de sus autoridades. “Los planteles deben tomar medidas para evitar que ese tipo de peleas ocurran, también para reparar a los afectados y garantizar que no pierdan el derecho a la educación”.

Montero confirma que en el sistema escolar de Quito hay mucha violencia entre pares. Cita el estudio de Rescate Escolar, que indica que el 50% de estudiantes ha sufrido algún tipo de violencia en el sistema.

En la Junta de Protección –dice- no vamos a definir si hubo o no violencia, investigamos si los colegios cumplen con sus responsabilidades y averiguamos cómo activan protocolos ante amenazas entre estudiantes, acoso psicológico o físico, el de redes sociales. Además subraya, hay una responsabilidad de la casa, de las familias que deben revisar si sus hijos han aprendido a resolver los conflictos de forma adecuada o no. Los padres deben guiarlos.

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