Protestas de octubre y presupuesto a la Función de Transparencia marcaron la entrega de balances a la Asamblea 

Los hechos relacionados con las protestas de octubre pasado y reclamos por presupuesto marcaron dos capítulos aparte en los informes de gestión que este martes, 28 de enero del 2020, presentaron a la Asamblea Nacional la Función de Transparencia, la Fiscalía y otras instituciones. Los balances corresponden a la gestión realizada durante el 2019.

La fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó que esta institución investiga 823 causas que tienen que ver con el paro. De ellas, 269 por daños a bien ajeno, 211 por paralización de servicio público, 112 por ataque o resistencia y 231 por otros delitos relacionados.

Sin proporcionar mayores detalles de estos procesos, indicó que hasta el momento se han dado dos sentencias y que la Fiscalía ha creado un equipo especializado para "dar una respuesta oportuna y efectiva ante las denuncias respecto a posibles delitos contra el derecho internacional humanitario, y delitos contra la seguridad pública, que se hubiesen cometido entre el 3 y 13 de octubre de 2019".

Por su lado, el contralor Pablo Celi, en calidad de presidente de la Función de Transparencia, resaltó que esta entidad participó en el proceso de diálogo para encontrar una salida a la crisis.

"En ese momento la protección y la defensa institucional, y la integridad del Estado como tal, no era menos importante (que) atender también al reclamo y a la demanda social", añadió.

Celi habló por unos 40 minutos ante el Pleno y estuvo acompañado del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y superintendentes.

Durante su intervención, Celi detalló que las ocho instituciones que componen esta Función del Estado, entre ellas la Contraloría, aplicaron 37 000 sanciones y remitieron 361 casos a la Fiscalía el año pasado.

Tras indicar que trabajan en un plan nacional anticorrupción, el funcionario reclamó ante los legisladores que se haya recortado el presupuesto del denominado Quinto Poder. Dijo que el 2019 se le asignaron USD 156 000, pero para este 2020 solo se le entregarán USD 93 000, algo que catalogó como un "límite presupuestario escandaloso".

"¿Es qué se pretende extinguir soterradamente a la Función de Transparencia?¿Cómo puede funcionar el Quinto Poder del Estado con USD 93 000, de los cuales solo USD 9 000 están destinados a actividades misionales? Esto es un despropósito absoluto que pone en evidencia un grave desconocimiento de la Constitución y de la naturaleza del Estado", enfatizó.

A su turno, Salazar también cuestionó que a la Fiscalía se le hayan asignado para este año USD 138 millones, lo que representa casi USD 7 millones menos de lo que tuvo en 2019.

"Mientras la criminalidad aumenta nuestra capacidad de reacción se ve mermada", dijo al comentar que aunque el estándar internacional recomienda que existan ocho fiscales por cada 100 000 habitantes, en Ecuador apenas hay cinco por esa cantidad, lo que supone un déficit de 541 agentes de este tipo con sus respectivos secretarios y asistentes.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien se presentó acompañada por una parte de los vocales de ese organismo y de Paulina Aguirre, titular de la Corte Nacional de Justicia, hizo un reclamo similar.

"Solicitamos que se considere a la Función Judicial como primordial. Los recortes últimos de alrededor de USD 19 000 000 en gasto corriente y gastos de inversión nos preocupan profundamente puesto que entendemos que el servicio de justicia sea óptimo y de calidad", mencionó.

Maldonado comentó que actualmente hay 1 926 jueces en todo el país y defendió la evaluación que se aplicó a los 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional, de los cuales 23 (64%) no superaron ese proceso.

Asimismo, refirió que el año pasado la Judicatura resolvió 946 expedientes disciplinarios, incluidos 584 procesos recibidos de la Judicatura de Transición de 2018, que estaban por de prescribir. Precisó que fueron destituidos 34 jueces, 11 fiscales, 5 defensores, 1 notario y 26 funcionarios.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien afronta un proceso de juicio político en la Asamblea, también se presentó en el hemiciclo. Lo hizo sin que la acompañaran el resto de vocales del organismo.

"No le tenemos miedo a rendir cuentas", dijo Atamaint, quien informó que ha solicitado a la Contraloría que realice un examen especial a todas las contrataciones que se dieron para las pasadas elecciones seccionales y calificó de "infundadas" a las denuncias de fraude.

La rendición de cuentas de estas entidades ante la Asamblea es un mecanismo previsto en la Constitución y que debe darse en enero de cada año

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