Paren los abusos de la emergencia
Con la positiva aprobación de la Ley de Contratación Pública se tenía entendido que se regularían no solo las compras públicas, sino las declaraciones de emergencias. La Ley tiene una virtud de normar las emergencias. El art. 57 establece los procedimientos y el art. 6 señala expresamente las situaciones tales como terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, guerra internacional, catástrofes. Empero, pese a estas disposiciones, los abusos son interminables e increíbles. Basta revisar la página web de compras públicas y confirmar los arbitrariedades de instituciones nacionales y seccionales.
La Ley ha permitido, según datos oficiales, ahorros en las compras por más de USD 250 millones, pero no se ha podido parar las emergencias y por ello su Director visitó al Contralor del Estado para que se tomen acciones y se corte esta fiebre, que abre la posibilidad de compras directas y con ello irregularidades y corrupción. Nada menos que 244 casos de emergencias ha establecido el Incop desde el 4 de agosto de 2008, fecha de vigencia de la nueva ley. Es decir, en 15 meses hubo un promedio de 16 emergencias por mes, que equivale una pasando un día. ¿Será que el país está tan mal, acosado por terremotos, inundaciones, guerras, catástrofes? En unos casos, justifica la declaratoria de emergencia y el estado de excepción, aunque con limitaciones constitucionales y legales de 60 días primero y la ampliación de 30 días más, como máximo. El caso de la emergencia eléctrica se justifica, pero no otros que resultan hasta audaces y vergonzosos: cambio de oficinas, compra de biombos, reparación y mantenimiento de centrales de aire acondicionado, compra de insumos químicos, ampliación de centros de cómputo, que se debe planificar. El Ministerio de Justicia para contratar una consultoría para la climatización y ventilación mecánica de dependencias, compra de ventiladores, para hacer un taller de costura en un centro de rehabilitación de Guayaquil, compra de cocinas. Esto tienen que parar porque caso contrario no solo que estamos como el “pasado oprobioso”, tan criticado, sino peor. Lo grave de todo es que en muchos casos hay una sospechosa ineficiencia administrativa para ir a la emergencia.
Mientras Manabí vive en emergencia por la sequía, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico no pudo adjudicar el proyecto de propósito múltiple Chone, por USD 195 millones, referente a la presa de almacenamiento del río Grande, reasentamiento poblacional, encauzamiento del río Chone y obras complementarias; sistemas de alcantarillado y agua potable. El proceso empezó el 14 de abril de 2009 y la fecha de adjudicación se estimó el 12 de agosto, lo que se incumplió. Habrá justificativos y otros culpables.