11 de marzo de 2020 00:00

Una segunda orden de prisión de Glas se analizará en la Corte

Jorge Glas,en unade las audienciasdel casoOdebrecht.

Jorge Glas, en una de las audiencias del caso Odebrecht. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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El exvicepresidente de la República Jorge Glas afronta un nuevo proceso penal. El próximo jueves 12 de marzo de 2020 comienza el juicio por el caso Singue, un expediente relacionado con supuestas irre­gularidades en la adjudicación de un campo petrolero.

En la convocatoria a la audiencia se advierte que la diligencia será “improrrogable”.

La razón es que los jueces Iván León, Wilman Terán y Marco Rodríguez tienen menos de 24 horas para evitar que la prisión preventiva contra Glas caduque, como ya ocurrió el lunes con el expediente del caso Sobornos 2012-2016.

Por esa razón, mañana, minutos antes de que comience el juicio, los magistrados deberán pronunciarse sobre el arresto. ¿Qué tienen que decir?

El penalista Pablo Encalada advierte que para evitar la caducidad de la prisión, los magistrados podrán sustituir la medida cautelar por otras acciones establecidas en el COIP.

jorge glas


El artículo 522 de esta normativa establece cinco alternativas a la detención. Allí se mencionan, por ejemplo, arresto domiciliario, uso de grillete, presentación periódica ante un juez y prohibición de salida del país. Pero Glas está preso en la cárcel de Cotopaxi.

Encalada asegura que revocar la prisión preventiva traerá un efecto para el procesado: no podrá tener otra orden de prisión en este caso hasta que se agoten todas las instancias judiciales y haya una sentencia.

El lunes, la Corte Nacional ya revocó la orden de arresto del exfuncionario acusado de cohecho en el caso Sobornos. El argumento de los magistrados fue que había permanecido siete meses detenido sin sentencia, cuando la detención prescribía a los seis meses.

En el caso Singue, la defensa de Glas planea aplicar la misma estrategia. Según el abogado Harrison Salcedo, una vez que el viernes caduque la prisión pedirán su revocatoria. 

El exlegislador César Montúfar, quien ha seguido de cerca estos procesos penales, indica que detrás de esto hay “una estrategia para presentar a Glas como una persona detenida injustamente”.

Señala que judicialmente “no hay mucho que debatir”, pues el COIP “es claro respecto de los plazos”. Pero cuestiona el retardo que se produjo.

El penalista Ramiro Román también critica que durante los juicios de Sobornos y Singue hubo “ciertos defensores que tenían la intención de dilatar el proceso”.

José Molina es abogado de Silvana Pástor, una de las personas procesadas en el caso Singue. Para él, en este expediente penal “no han existido retardos; el caso se ha llevado en los plazos fijados”.

Además, recuerda dos hechos que obligaron a los magistrados a suspender su tarea. El primero ocurrió en octubre, durante las jornadas de protestas contra el Gobierno.

También señala que “las actividades se demoraron” cuando 23 magistrados de la Corte Nacional de Justicia fueron destituidos en noviembre.

Dice estar preocupado por la audiencia de mañana. “Esperemos que por la premura que existe, el juicio que comienza no se lleve de forma atropellada. Queremos que se garantice el tiempo necesario para presentar la defensa”.
En el caso Singue hay 15 procesados; únicamente Pástor presentará 120 pruebas documentales, 20 testigos y peritos.

Román advierte que, más allá de las prisiones preventivas, los juicios contra Glas no se paralizarán. “Cada uno de los procesos se tramita de forma independiente. Significa que, con prisión o sin prisión, los jueces deben dictar una sentencia a favor o en contra de él. Mientras tanto, él seguirá preso por el caso Odebrecht”. 

Este último es un juicio por asociación ilícita, en el que Glas tiene una condena de seis años de cárcel y esta ya se encuentra ejecutoriada. Desde que ingresó a la cárcel, el 2 de octubre del 2017, hasta hoy han transcurrido dos años, cinco meses y nueve días de su pena.

Le restan en prisión tres años y cinco meses. Pero para acogerse a la prelibertad necesita esperar un año y un mes.

Esta figura permite salir de la cárcel una vez completado el 60% de la sentencia.

Sobre el exvicepresidente de la República hay otras denuncias por delincuencia organizada o cohecho, que siguen bajo indagación previa.

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