7 de febrero de 2018 00:00

Exfuncionario que avaló 4 contratos con China es investigado

En 2011, Nilsen Arias (der. ) aparece junto a Marco Calvopiña (preso por corrupción). Foto: Archivo / EL COMERCIO

En 2011, Nilsen Arias (der. ) aparece junto a Marco Calvopiña (preso por corrupción). Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Nilsen Arias, quien firmó cuatro contratos de preventa petrolera con Petrochina, es investigado por un posible enriquecimiento ilícito, mientras estuvo en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador (2010-2017).

La Fiscalía abrió este caso en enero del 2017 y se sustentó en el informe DAEPC y CP 0054-2016 de la Contraloría General del Estado. Allí se analizó su patrimonio desde que ingresó a la estatal petrolera, en el 2010.

La Contraloría estableció que el exfuncionario no ha podido justificar fondos y bienes por USD 534 090, que forman parte de la sociedad conyugal.

Según la auditoría, Arias no justificó un auto que su esposa compró en el 2014 y que estuvo valorado en USD 90 000.

Tampoco declaró la adquisición de una suite valorada en USD 60 000. El resto del dinero “injustificado” corresponde a transferencias recibidas.

La escritura de esta suite se realizó el 15 de mayo del 2012. Allí se dice que el inmueble cuenta con un estacionamiento y una bodega. Esta fue entregada mediante “donación irrevocable” a su hija. Este dato aparece en la escritura pública del 7 de agosto del 2013.

La Contraloría solicitó la copia de la compraventa de este bien y pidió a la esposa de Arias que señale el origen de los recursos, pues ella aparece como la compradora. Pero hasta noviembre del 2016 no hubo respuesta y en enero se envió el informe a la Fiscalía.
Desde entonces, el caso sigue en indagación previa, es decir, bajo reserva. Esta etapa de la investigación fiscal puede extenderse hasta dos años.

Si en ese tiempo no se encuentran evidencias, el caso puede ser archivado. Caso contrario se presentan cargos con uno o más sospechosos.

Desde el lunes este Diario ha intentado contactarse con Arias mediante e-mail, pero no ha respondido.

En febrero del 2017, tras conocer el pronunciamiento de la Contraloría, Arias remitió a este Diario un correo electrónico y señaló lo siguiente: “Me parece prudente y oportuno hacer una precisión respecto del monto que la Contraloría califica de injustificable; no es de medio millón de dólares, sino de USD 51 374, en seis años de gestión en Comercio Internacional de Petroecuador, valores que serán justificados en su totalidad”.

Por ahora, Arias también es requerido por la Fiscalía para que declare sobre el caso Petrochina. Ese proceso se inició por una denuncia por aparentes irregularidades en la venta anticipada de crudo a China.

El exgerente fue citado el lunes, 5 de febrero del 2018, en la Fiscalía de Quito para que rindiera su versión sin juramento, pero no se presentó. Ese mismo día lo hizo el expresidente Rafael Correa.

El fiscal Fabián Salazar, quien maneja este proceso, debe convocarlo nuevamente. De no acudir a ese segundo llamado, el investigador puede solicitar que la Policía lo ubique y lo traslade a su oficina, según el Código Penal (art. 582).

Arias estuvo en Petroecuador hasta mayo del 2017, cuando inició el actual Gobierno.

Como titular de la Gerencia de Comercio Internacional, su participación en las negociaciones con Petrochina fue directa. En los cuatro contratos que firmó Arias, la Contraloría calculó que hasta septiembre del 2017 Ecuador obtuvo USD 18 342 millones de ingresos, según las auditorías DNA6-0012-2017 y DASE-009 4-2016.

Sin embargo, este monto representa solo una parte de las ventas totales, pues tres de los contratos firmados por Arias todavía se encuentran vigentes. La suma final de lo vendido a China se conocerá hasta el 2024, cuando el Ecuador cumpla todas sus entregas.

En este momento, el Gobierno renegocia los convenios que están vigentes, pues descubrió que no fueron favorables para el país. Se los hizo sin concurso y los precios fijados no se sustentaron en informes técnicos ni estudios de mercado, concluye la Contraloría.

Para que estos acuerdos se concretaran, Arias se amparó en poderes especiales otorgados por Marco Calvopiña y Álex Bravo, exgerentes de Petroecuador. En este momento, los dos guardan prisión por actos de corrupción en la rehabilitación de Refinería de Esmeraldas.

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