Juan Carlos Andrade, abogado de Prophar contra Merck. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
¿Qué fue lo que originó la disputa legal de casi 15 años con Merck Sharp & Dhome (MSDIA)?
En el 2002 Merck hizo la oferta de una planta industrial a Prophar y otras farmacéuticas. Así, tuvieron acceso a información confidencial que les permitió conocer la realidad de Prophar, en ese entonces Nifa, que en esa época planeaba sacar un programa de medicamentos genéricos. Cuando tuvieron información privilegiada de Nifa pretendieron imponernos un acuerdo de no competencia.
¿Qué pedía ese acuerdo? ¿Por esto abandonaron el proceso de negociación?
Nos impedía producir medicamentos que podían competir con los de Merck, bajo la amenaza de que si no se firmaba no iban a vender la planta. Nifa estuvo dispuesta a suscribir un acuerdo de no competencia por dos años y de ciertos medicamentos, pero ellos querían que sea por cinco años.
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Hoja de vida
Juan Carlos Andrade es doctor en jurisprudencia y defiende a la farmaceútica Prophar (antes Nifa) en el proceso judicial contra la multinacional Merck Sharp & Dhome. Pertenece al estudio jurídico Andrade &Asociados.
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¿Qué figura legal usaron para demandar a Merck?
Por actos contrarios a la competencia, según la Constitución de 1998. Merck intentó boicotearnos con la venta de esa planta.
Su demanda es por USD 200 millones, pero la planta costaba USD 1,5 millones. ¿Cómo justifican ese monto?
La demanda fue porque el programa de crecimiento de Nifa fue coartado, se retrasó varios años. La empresa había empezado un proceso de expansión para vender genéricos. Teníamos más 100 registros sanitarios para una gran cantidad de genéricos.
Hubo varias impugnaciones al monto en el litigio. ¿Por qué aceptaron la última sentencia que dispuso que Merck les pague USD 41,9 millones ?
En primera y segunda instancia los jueces nos dieron la razón en la demanda, pero sin mayor justificación disminuyeron la condena. Los jueces por tercera ocasión dictaron una sentencia en la que utilizan el informe pericial que constaba en el proceso, pero consideran que no tenía el cálculo adecuado y llegan a la suma de USD 41, 9 millones. Aunque no estamos de acuerdo aceptamos porque ya no había más instancias.
En el arbitraje internacional de Merck contra el Estado por denegación de justicia la Procuraduría decía que la empresa no agotó todas las instancias en el país.
No sé cómo esté ese proceso, pero nosotros nunca fuimos citados para comparecer como terceros interesados. La Procuraduría nunca nos pidió información, nos enteramos cuando apareció una orden de medidas cautelares de este tribunal internacional para que no se ejecute la sentencia de USD 41,9 millones.
Si el Estado no acata esas medidas cautelares, podría haber implicaciones más graves para el país. ¿Qué va a hacer Prophar en este contexto?
La sentencia tiene que ejecutarse. Si el tribunal arbitral le dice al Estado que no ejecute, está interviniendo en la independencia judicial y afectando a la soberanía del país.
¿A Prophar no le interesa lo que pase si Ecuador incumple el laudo?
No, no es eso. Esa corte internacional no tiene competencias para interferir en un proceso entre terceros privados. Prophar no es parte de ese arbitraje internacional.
