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Nueva reforma legal plantea un fondo para riesgos fiscales

Ennoviembre del 2019,la Asamblea archivó el proyectoque incluyóreformas al Código

Ennoviembre del 2019,la Asamblea archivó el proyectoque incluyóreformas al Código

Ennoviembre del 2019,la Asamblea archivó el proyectoque incluyóreformas al Código. Foto: Archivo / El Comercio

Por segunda ocasión, el Gobierno entregó a la Asamblea un proyecto de ley para modificar el contenido del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). El primer intento de reforma fue rechazado por el Legislativo en noviembre del 2019.

El pasado 16 de abril, junto con el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, el Ejecutivo presentó la iniciativa de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que contiene 49 artículos.

Con este documento, de carácter de económico urgente, el Gobierno cumple uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando firmó un acuerdo económico por USD 4 200 millones.

Entre las principales novedades del nuevo texto planteado por el Presidente Lenín Moreno destaca la creación de una asignación para contingencias fiscales, que el Ministerio de Finanzas deberá incluir en el Presupuesto General del Estado (PGE).

La asignación será equivalente al 3% del gasto total del PGE. El documento detalla que esta asignación deberá atender posibles contingencias generadas “por la materialización de riesgos fiscales”.

Finanzas podrá hacer modificaciones presupuestarias y designar recursos a este fondo de contingencias. Hanns Soledispa, director de Exponential Research, explica que este sería un fondo de ahorro que permitiría al Gobierno responder cuando los ingresos sean menores a los estimados o cuando algún gasto se incremente sin haberlo previsto y, por ende, el déficit o brecha fiscal corra el riesgo de elevarse.

Para el analista, en el corto plazo el Gobierno no está en posibilidades de tener un fondo de ahorro de este tipo, por la crisis que atraviesa el país.

El proyecto dispone que la Cartera de Finanzas expida cada año una política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales para las entidades del Sector Público no Financiero; es decir , IESS, GAD, empresas públicas, entre otras. El Ejecutivo también propone la creación de un fondo de estabilización con los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, como el petróleo, cuando estos superen lo estimado en el Presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional.

El documento señala que los ingresos que nutrirán dicho fondo serán los que queden luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley y servirán para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para el sector de educación y salud.

También se permitirá contratar un seguro petrolero. El Ministerio de Finanzas, previo al envío de información de Petroecuador, podrá contratar estos servicios.

Por otro lado, la reforma reduce del 15 al 5% el margen permitido para aumentar el Presupuesto del Estado.

Cuando el incremento de los ingresos, gastos y financiamiento en el Presupuesto sea mayor al 5%, el Presidente de la República, a pedido de la Cartera de Finanzas, deberá solicitar la aprobación de la Asamblea.

Adicionalmente, el ente rector de las finanzas públicas emitirá techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto para las entidades que están dentro del Presupuesto General del Estado.

El texto además menciona que el monto anual correspondiente al servicio de la deuda, con amortización e interés, no deberá ser mayor al 25% de los ingresos totales.

Los Certificados del Tesoro (Cetes), que permiten al Gobierno tener liquidez de corto plazo, dejarán de existir y serán reemplazados por Notas del Tesoro.

Dichos instrumentos podrán ser emitidos por Finanzas exclusivamente para administrar deficiencias temporales de caja, hasta un monto tope, que este fijará anualmente y que no podrá superar el 8 % de los gastos totales del PGE.

Otro planteamiento es la creación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal, que estará formado por siete miembros que representen a la Presidencia, al Banco Central, a los GAD, a las empresas públicas y a las entidades de la seguridad social.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas considera que el proyecto de ley recoge los principales componentes de un manejo adecuado y de criterio de la política fiscal. No obstante, señala que hay muchos detalles cruzados en los controles que se establecen.

Una de las recomendaciones de Pozo es que se debería hacer una reestructuración del manejo administrativo y financiero de los GAD y las entidades públicas. Es decir, una revisión integral para definir y decidir los límites de gasto total de mediano plazo.

Ayer, el Consejo de Administración de la Legislativa (CAL) calificó y remitió las dos iniciativas económicas del Ejecutivo. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el oficialista Esteban Albornoz, conocerá el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.

Mientras que las reformas al Coplafip irán a la mesa de Régimen Económico, liderada por Daniel Mendoza, uno de los aliados del oficialismo. La Asamblea tiene 28 días para tramitar los dos proyectos.